Fuerte oposición al macrodecreto económico que sale sin cambios del Congreso

Los grupos de la oposición parlamentaria han mostrado hoy su rechazo al macrodecreto económico del Gobierno, que está siendo debatido como proyecto de ley en la Comisión de Economía del Congreso y al que apenas se han introducido cambios que no modifican en lo sustancial el texto.

Ha tenido lugar hoy, el grueso del debate de las centenares de enmiendas propuestas por los grupos y para mañana queda la votación, después de que todos -a excepción del PP- hayan avanzado su voto en contra para un proyecto que aúna medidas que afectan a una treintena de leyes y que la oposición ha considerado inconexas e improvisadas.

Además, se ha recordado que la norma está recurrida ante el Tribunal Constitucional por PSOE, Izquierda Plural (IP) y UPyD, que la consideran una “aberración jurídica”.

Durante el debate el portavoz del PP, Vicente Martínez-Pujalte, ha asegurado que el decreto ley permitirá afianzar el crecimiento y transformarlo en bienestar y empleo, gracias a medidas que mejoran la competitividad, la financiación y la ocupación en muchos sectores.

En su opinión, la norma ayudará a “hacer llegar la recuperación a los ciudadanos de manera real” y ha defendido que su tramitación como proyecto de ley está permitiendo el diálogo y la especificación del voto.

La ley contiene decenas de actuaciones propuestas por los ministerios de Economía, Hacienda, Empleo, Fomento e Industria que avanzan en la liberalización del comercio, limitan las comisiones por los pagos con tarjeta, bonifican la contratación de jóvenes, reforman el sistema gasista, mejoran la competitividad de aeropuertos y puertos, y bajan las retenciones fiscales a los autónomos con menores rendimientos, entre otras cosas.

El PP ha propuesto enmiendas transaccionales a varios grupos, que algunos como el PSOE no han aceptado, mientras que ha llegado a acuerdos con PNV, CiU e IP sobre cuestiones que éstos han calificado de menores.

Con el grupo vasco ha cerrado transacciones sobre aspectos técnicos relativos a los puertos y al sistema gasista, mientras que a CiU e IP les ha aceptado acortar de 90 a 30 días el plazo para que los jóvenes que terminen sus estudios puedan participar en los programas de la garantía juvenil, entre otras cosas.

El portavoz del PSOE, Félix Lavilla, ha criticado al Gobierno por aludir continuamente a la herencia recibida del Ejecutivo socialista para justificar su política económica y ha incidido en que si tanto le molestaba esa herencia no la tendría que haber asumido y debería haber convocado elecciones.

Los diputados de CiU Josep Sánchez-Llibre y Carles Campuzano han criticado el afán recentralizador del Ejecutivo y han denunciado que el proyecto invade la legislación autonómica en asuntos como el comercio minorista, los horarios comerciales o las políticas activas de empleo.

Por parte de IP, Joan Coscubiela ha subrayado que algunas medidas del texto que ya han entrado en vigor están causando un efecto “pernicioso” y dejando una “cicatriz profunda”, aunque ha reconocido que otras son positivas.

El portavoz de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha señalado que el Gobierno desprecia al Congreso desde el inicio de la legislatura y ha apuntado que abusa de la figura del decreto ley, al haber aprobado ya 55, cuando es un mecanismo pensado para situaciones extremas.

El representante económico del PNV, Pedro Azpiazu, ha recalcado que el proyecto es un “decretón” que reforma leyes “de todo pelaje de un plumazo” y que invade competencias autonómicas.

Dentro del grupo mixto, el diputado de Amaiur Rafael Larreina ha indicado que el texto ataca ámbitos de soberanía del País Vasco, además de que no responde a la urgencia de la ciudadanía, sino a la del Gobierno para cambiar su modelo socioeconómico de Estado.