Fundación Alternativas pide iniciar el traspaso de funciones de Diputaciones

La Fundación Alternativas considera que para avanzar hacia unas cuentas públicas más sostenibles hay que plantearse la reducción de gastos “superfluos e ineficientes” como los asociados a las Diputaciones, cuyas funciones cree que deberían comenzar a ser traspasadas a comunidades autónomas y ayuntamientos.

Dentro de un documento de debate sobre las prioridades económicas que debería abordar el nuevo Gobierno, la Fundación Alternativas dice que la eliminación de las diputaciones no es la solución a corto plazo, pero aboga por que se reduzca el coste global de su cobertura con el inicio del traspaso de sus funciones a autonomías y ayuntamientos.

La fundación enmarca esta medida dentro de la sostenibilidad financiera necesaria para transformar la economía, que cree que también tiene que ser sostenible en términos territoriales, generacionales y medioambientales.

En su opinión, en los primeros días de gobierno “será esencial” transmitir a los socios comunitarios el compromiso de España con la sostenibilidad financiera con el objetivo de poder negociar una flexibilización del calendario de reducción del déficit público.

En este sentido, apuesta también por otras medidas como luchar contra el fraude o por recuperar la tributación de las rentas del capital y altos patrimonios para incrementar los ingresos públicos.

Según la Fundación Alternativas, el futuro Gobierno tiene que cambiar el rumbo de la política económica para avanzar hacia una economía más solidaria, eficiente y sostenible, una tarea que considera que tiene que comenzar con la puesta en marcha de un plan social urgente.

“Ni siquiera la frialdad de las cifras macroeconómicas puede esconder la urgencia social un cambio de rumbo en la economía española”, dice el documento para el debate propuesto por Alternativas, que subraya las tasas récord de desempleo, pobreza y desigualdad que tiene España sin ser uno de los países más pobres de la UE.

Por ello, reclama un plan de actuación urgente para aliviar la situación de los más perjudicados, pero abordando también desde el principio de la legislatura las causas de los “graves desequilibrios” que afectan a las cuentas públicas.

“Sólo un planteamiento global de este tipo podrá convencer a nuestros socios comunitarios para adaptar los escenarios de consolidación de las cuentas públicas a un planteamiento razonable -tanto desde el punto de vista social como estrictamente económico- y de que hay margen para ello”, añade el documento.

Entre las medidas propuestas para una economía más solidaria destacan un plan de rentas mínimas de inserción y activación, la paralización de los desahucios de viviendas, la lucha contra la pobreza energética, la subida del salario mínimo hasta 1.000 euros al final de la legislatura, la derogación de la reforma laboral o un plan específico para bajar el paro juvenil y de larga duración.

También en este capítulo la fundación incluye la recuperación de la cobertura sanitaria universal de calidad, la recuperación de lo recortado en la financiación a la ley de dependencia o la aprobación inmediata de un incremento del 10 % en la partida presupuestaria destinada a la prevención de la violencia de género y asistencia a las víctimas.

Para lograr un economía más eficiente, propone luchar contra el fraude y la corrupción con el refuerzo de la plantilla de la Agencia Tributaria y de la inspección laboral, la mejora de los recursos materiales y humanos de la administración de justicia o la prohibición explícita de las amnistías vinculadas con delitos de fraude y corrupción, entre otras cosas.

Asimismo, aboga por recuperar el diálogo social, reforzar la vigilancia de las violaciones de la libre competencia y fomentar la innovación, la educación y la cultura, lo que incluye una “rebaja inmediata del IVA cultural al 10 %”.