El Gobierno adjudicará las autopistas en quiebra en el cuarto cuatrimestre de 2018

El Consejo de Ministros aprobará mañana un convenio para gestionar las nueve autopistas de peaje en quiebra hasta que sean adjudicadas de nuevo, lo que el Ministerio de Fomento prevé que se hará en el cuarto cuatrimestre de 2018, dentro del mismo año en que revertirán al Estado tras su liquidación.

Fuentes de este departamento han explicado que con la fórmula que se ha buscado, por la que la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa) se hará cargo de la explotación y gestión de las autopistas desde que vuelvan al Estado y hasta que se liciten de nuevo, se quiere que su asunción tenga el mínimo impacto en el déficit público.

La previsión es que en el primer cuatrimestre de 2018 reviertan al Estado al empezar a contar ya esas autopistas con planes de liquidación, que ninguna de ellas tiene en este momento, para que a finales de ese año se adjudiquen ya a los concesionarios que se harán cargo de su explotación durante 25 años.

La idea es que la vuelta al Estado y la nueva adjudicación sea en el mismo año para que su impacto en el déficit sea mínimo, ya que, al producirse dentro del mismo ejercicio el ingreso procedente de la licitación, éste restaría en el déficit.

En el caso de que el Gobierno no hubiera hecho nada, el Ministerio de Fomento en el momento de revertir las autopistas liquidadas tendría que hacerse cargo de la gestión y asumir su mantenimiento y el personal que trabaja en ellas.

En su lugar lo hará la sociedad pública Seittsa mediante el convenio que se aprobará mañana entre ella y la Administración del Estado, por el que no sólo asumirá la gestión de esas autopistas cuando reviertan al Estado, sino que también se encargará de preparar el proceso para relicitarlas.

Para ello, encargará un estudio de demanda de tráfico, que también saldrá a licitación; otro de viabilidad y preparará los pliegos para volver a licitar las autopistas, además de encargarse de la 'due diligence' para conocer con exactitud el estado en que están esas infraestructuras para poder informar al contratista que se haga cargo de la concesión.

Seittsa asumirá durante el periodo que gestione las autopistas los gastos de explotación y los de personal, aunque también percibirá ingresos por las tarifas que se cobran.

De esta forma, la sociedad, que aplicará los peajes actualmente aprobados, aunque en algún caso eso podría cambiar en función del resultado del estudio de viabilidad, se haría cargo de las alrededor de 700 personas que trabajan en esas vías, cuya subrogación estará completada en el pliego que se haga para su posterior licitación.

El Ministerio de Fomento aún no ha decidido si sacará las autopistas a licitación en un solo lote o en dos, decisión que se adoptará en función del estudio de demanda, aunque hay un bloque claro, las radiales de Madrid, y por otro la circunvalación de Alicante y la autopista Cartagena-Vera, que se verá si se integran con las otras o se licitan por separado.

Fomento espera obtener de la relicitación una cantidad que aminore el gasto que por responsabilidad patrimonial de la administracion (RPA) tendrá que hacer frente el Estado y que la Administración fijará en función de lo que marca la ley.

A la RPA, el Estado deberá sumar los 550 millones de euros por los préstamos participativos que dieron para construir estas vías y que ahora, tras la liquidación, serán incobrables.

El Ministerio no cree que el gasto por RPA alcance finalmente los 3.600 millones de euros, suma de los valores de límites máximos a los que se puede llegar, ya que la amortización de esas infraestructuras habrá variado hasta el momento en que reviertan.

Hay tres autopistas -la R-3, la R-5 y la AP-41- que aún están en fase de convenio de acreedores dentro del proceso concursal, mientras que el resto han entrado en fase de liquidación, si bien su plan de liquidación no ha sido aún aprobado por el juez.

Las previsiones son de que la reversión de todas o la gran mayoría se produzca dentro del primer cuatrimestre de 2018, licitarlas en el segundo y resolver la licitación en el tercero, de forma que puedan estar adjudicadas a finales de año.