El Gobierno colombiano dice que no hay planes para devolver el control de Electricaribe a Gas Natural

La Superintendencia de Servicios Públicos de Colombia aseguró hoy que no es cierto que haya planes para devolver a la española Gas Natural Fenosa el control de su filial Electricaribe, intervenida por el Gobierno colombiano hace un año y en proceso de liquidación.

“No tengo conocimiento de esos planes que se han mencionado en la prensa. En realidad esto es un proceso de insolvencia en el que tenemos que vender unos activos para pagar unos pasivos y simultáneamente asegurar la operación continuada del servicio de energía en la costa Caribe”, dijo en una rueda de prensa en Bogotá el Superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza.

El 15 de noviembre del año pasado esa entidad ordenó la intervención de Electricaribe, inmersa en una crisis financiera que afectaba a la prestación del servicio en los departamentos caribeños de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, donde tiene su área de operación.

Posteriormente, el pasado 14 de marzo la misma Superintendencia ordenó la liquidación de la empresa y la búsqueda de un operador para asumir la prestación del servicio.

Mendoza explicó que por tratarse de un proceso de insolvencia “es un proceso abierto en el que puede participar cualquier persona que quiera poner los recursos que se requieren para remozar la red de distribución de Electricaribe”.

El funcionario reiteró que en el proceso que se sigue con Electricaribe “hay unas reglas que cumplir porque Colombia es un Estado de derecho”.

“Aquí hacemos cumplir la ley por encima de cualquier cosa”, agregó el superintendente.

De otro Lado, Mendoza anunció un paquete de medidas para garantizar la prestación del servicio de energía en los siete departamentos de la costa atlántica.

Entre ellos está un desembolso de 135.000 millones de pesos (unos 45 millones de dólares), dinero con el que Electricaribe podrá seguir comprando energía en los mercados para atender la demanda hasta finales el 2018.

Frente a los planes del Gobierno colombiano, la empresa Gas Natural Fenosa solicitó en marzo pasado un arbitraje ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral) para reclamar a Colombia más de 1.000 millones de dólares por la liquidación de Electricaribe.

La multinacional española argumentó en la documentación presentada “ausencia de trato equitativo y de seguridad jurídica en la actividad regulada en los últimos años” en Colombia y considera que la toma de posesión de Electricaribe “constituye una expropiación sin indemnización”.

El Gobierno colombiano y las autoridades locales del país justificaron la intervención de Electricaribe por los continuos fallos en el servicio y por la falta de inversiones de Gas Natural Fenosa.

La compañía española se quejaba de la falta de seguridad jurídica de su filial, aquejada por una elevada morosidad de sus clientes y fraude en la zona donde opera, y sostenía que, en esas condiciones, no podía seguir invirtiendo.