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El Gobierno portugués toma medidas ante los crecientes incidentes con drones

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El Gobierno portugués toma medidas ante los crecientes incidentes con drones

El Gobierno portugués toma medidas ante los crecientes incidentes con drones

El incremento de incidentes con drones que se aproximan demasiado a aviones comerciales en el momento del aterrizaje ha llevado al Gobierno de Portugal a aprobar esta semana una nueva normativa para disuadir a los infractores.

La actividad de estas pequeñas aeronaves pilotadas de forma remota estaba regulada en Portugal desde el pasado enero por la Autoridad Nacional de Aviación Civil (ANAC) lusa, que prohíbe a los drones volar a más de 120 metros de altura y en las "áreas de aproximación y despegue de un aeropuerto".

Sin embargo, el número de casos de aparatos de este tipo que incumplen esa regla e interfieren en la actividad de aviones civiles se ha disparado en los dos últimos años.

Mientras que en 2015 se registraron cinco incidentes, en lo que va de año ya han sido reportados diecisiete casos, según datos facilitados a EFE por el Gabinete de Prevención e Investigación de Accidentes con Aeronaves y de Accidentes Ferroviarios portugués.

El número de casos aumentó especialmente desde junio y la mayoría de ellos se produjo en el aeropuerto de Lisboa (9) y en Oporto (7), a los que se sumó otro incidente en el aeródromo de Cascais, a unos 30 kilómetros de la capital lusa.

La principal aerolínea portuguesa, TAP, ya anunció que tomará medidas para que "los drones no puedan volar más", si siguen detectando aparatos de este tipo que penetran en el espacio aéreo.

La polémica generada por estos incidentes, ampliamente divulgados por los medios de comunicación lusos, ha llevado al Gobierno a ponerse manos a la obra para actualizar la normativa.

Tomando el ejemplo de países como Reino Unido, donde también se han producido incidentes similares, Portugal obligará a registrar todas las aeronaves de más de 250 gramos, incluidas las de construcción casera, a fin de facilitar la identificación de los infractores.

Así se recoge en el decreto-ley aprobado el pasado jueves en consejo de ministros, que establece que toda la información sobre los dueños será incluida en una base de datos gestionada por la ANAC a la que tendrán acceso las fuerzas de seguridad y otras entidades públicas.

Este registro otorgará a cada dron un número de identificación que deberá estar visible en el aparato que, a su vez, tendrá que estar cubierto con un seguro de responsabilidad civil que se haga cargo de los eventuales daños causados a terceros.

El decreto-ley actualizará los valores de las multas aplicables a las infracciones, que hasta ahora podían llegar a los 2.500 euros, e impedirá a los menores de 16 años que operen drones con un peso igual o superior a 900 gramos a menos de que estén acompañados por su tutor legal.

El ministro de Planificación e Infraestructuras, Pedro Marques, explicó tras el consejo de ministros que el objetivo de esta medida no es sólo asegurar la seguridad aérea sino también reforzar la operatividad del sector de los drones.

"Estamos preocupados con la seguridad de los ciudadanos pero también con la confianza de estas aeronaves y de este sector, que se está desarrollando fuertemente en Portugal. Con la creación de estas reglas, también se quiere proteger el propio desarrollo seguro del sector", aseguró.

A la aprobación del nuevo decreto, para el que fueron consultadas una veintena de entidades del sector, le seguirá una consulta pública y se espera que pueda entrar en vigor a finales de este año.

El Ejecutivo también está poniendo a prueba una tecnología para detectar drones que ya fue utilizada durante la visita del papa Francisco a Fátima el pasado mes de mayo y que están evaluando la ANAC, la gestora de los aeropuertos lusos (ANA) y la gestora del espacio aéreo (NAV).

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