El Gobierno griego trabaja contrarreloj para lograr un acuerdo con la troika

La posibilidad de que el Gobierno griego logre un acuerdo con la troika de acreedores antes del último Eurogrupo del año y que éste apruebe una línea de crédito que no implique un tercer rescate y más recortes, parece cada día más incierta.

Según el portal informativo in.gr, hoy expira el “ultimátum” de la Comisión Europea (CE) al Ejecutivo griego del conservador Andonis Samarás para cumplir con las reformas que permitirían la vuelta a Atenas de los acreedores (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional).

La misión de la troika, que inició en septiembre la quinta evaluación del programa de rescate griego, ha puesto como condición para su vuelta la aplicación de 19 medidas pendientes, como el despido antes de finales de año de 5.500 empleados públicos, la reforma de la legislación laboral y el levantamiento de la moratoria a los desahucios.

De estos requisitos, el mayor escollo que debe resolver el Gobierno es la brecha presupuestaria de en torno a 2.500 millones de euros que se plantea para el próximo año, de los que 1.000 millones proceden de una ley recién aprobada que permite a las empresas y personas con deudas al Estado y a la Seguridad Social devolverlas en cien plazos.

A juicio de los prestamistas, esta norma era demasiado generosa y no ofrecía suficientes “incentivos” para la devolución de deudas.

En un intento de conseguir reanudar las negociaciones con la troika, la pasada semana el Gobierno revocó parcialmente la ley y excluyó de los cien plazos las deudas asumidas a lo largo de este año.

El hecho de tener que materializar estos recortes ha provocado fricciones entre los diputados de la coalición de Gobierno, formada por conservadores (Nueva Democracia) y socialdemócratas (Pasok).

Pasok se opone a la restricción del derecho de huelga en el sector privado que pide la troika y a la aplicación de nuevas medidas de austeridad que podrían acompañar a la nueva línea de crédito que se aprobará cuando finalice la actual evaluación del programa.

El Gobierno lucha para evitar la convocatoria de elecciones generales anticipadas, que tendrían lugar a principios de 2015 en caso de que el Parlamento no consiga elegir al nuevo presidente de la República.

Para que prospere el candidato nombrado por el Ejecutivo, la coalición entre conservadores y socialdemócratas necesita el voto de 180 de los 300 diputados de la Cámara, una mayoría que parece difícil de alcanzar.

La legislación griega prevé que, si un candidato a presidente no sale elegido, el Parlamento debe ser disuelto y han de convocarse elecciones generales.

Tanto el principal partido de la oposición, el izquierdista Syriza, como otras fuerzas han dejado claro que no respaldarán al candidato que proponga el Gobierno, independientemente de quién sea, para acelerar la convocatoria de comicios.

En estos momentos, Syriza encabeza todas las encuestas con al menos un 4 % de ventaja en intención de voto.

El ministro de Finanzas griego, Gikas Jardúvelis, advirtió ayer a los diputados de la coalición que se muestran reacios a las reformas de que él “resistirá” a las “fanfarronadas que puedan poner al país en peligro”.

“El Gobierno está atrapado por su propia retórica”, destacó hoy el portavoz de Syriza, Panos Skurletis.

En caso de que Grecia consiga que la quinta evaluación de su plan de rescate finalice antes del 8 de diciembre y que el Eurogrupo dé su visto bueno, este acuerdo debe ser aprobado por seis Parlamentos nacionales, entre ellos el alemán, cuya última sesión plenaria del año está prevista para el 19 de diciembre.

Si no hay acuerdo antes del Eurogrupo y la evaluación continúa en 2015, Grecia perderá definitivamente el tramo de 1.800 millones de euros procedente del Mecanismo Europeo de Estabilidad que, como recordó estos días su director, Klaus Regling, expira el 31 de diciembre.