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Guindos dice que Economía, Banco de España y Competencia buscan una solución a las preferentes

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado este miércoles que su departamento, el Banco de España y la Dirección General de la Competencia están trabajando para encontrar una solución para los afectados por la comercialización irregular de participaciones preferentes, pero ha recordado que en este asunto hay que aplicar la ley de ayudas de los Estados.

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Guindos dice que Economía, Banco de España y Competencia buscan una solución a las preferentes

Así se ha pronunciado durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso tras ser preguntado por el portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, sobre la solución que se va a dar a esta situación más allá de las medidas incluidas en la reforma financiera de agosto para intentar evitar que estos casos se repitan en el futuro.

"El Gobierno comparte la preocupación por la colocación que se hizo de participaciones preferentes a ahorradores que no tenía que haberse producido, porque era un producto complejo. El Gobierno está estableciendo como pilar fundamental de su política financiera la protección del ahorrador, especialmente del pequeño ahorrador", ha afirmado De Guindos.

En este sentido, ha informado de que "el Ministerio y el Banco de España trabajan con la Dirección General de la Competencia para intentar buscar una solución adecuada a este problema" teniendo en cuenta las limitaciones existentes a las ayudas de los Estados. "El Gobierno y el Banco de España buscarán la mejor solución posible para los afectados", ha insistido.

"LO PRIMERO ES QUE NO SE REPITA"

En cualquier caso, el ministro ha insistido en que "lo primero será que (esta situación) no se vuelva a reproducir a futuro", razón por la que el Gobierno ya ha legislado con "medidas concretas" con ese objetivo a través del decreto ley de Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito.

Así, ha recordado que esta norma --ya convalidada por el Congreso y actualmente en tramitación parlamentaria-- limita la comercialización de preferentes al 50% entre inversores institucionales, y fija en 100.000 euros el mínimo de inversión para sociedades cotizadas y de 25.000 euros para el resto.

"Los clientes no idóneos deberán poner de su puño y letra que quieren comprar estos productos. Habrá obligatoriedad de que, para definir el precio de mercado, haya siempre un experto independiente. Se deberá tener en cuenta no sólo las cotizaciones de un activo concreto sino también la de otros activos emitidos por la misma entidad, así como otros indicadores financieros relevantes. Y se respetará la prelación", ha resumido.

Además, ha recriminado a UPyD que votaran en contra de esta norma, que "habría evitado" la actual situación, a lo que Álvaro Anchuelo ha replicado que el decreto incluye "medidas muy interesantes para el futuro de una comercialización de preferentes, que ya no se producirá en ningún caso", pero "remata la situación de los ya afectados". "Leyendo su decreto no sé cómo puede decir que estas personas van a recuperar su dinero", ha añadido.

A renglón seguido, el diputado ha reprochado que el Gobierno haya decidido "tratar (a los afectados) como acreedores no cubiertos, dice que el FROB puede imponer pérdidas muy notables, de hasta el 70%; y, para acabar, dificulta que acudan a los tribunales para pedir la restauración de sus derechos".

"Además, se echa en falta una exigencia de responsabilidades. Usted ha reconocido que la comercialización fue un fraude y, entonces, tiene que haber responsables. ¿Quién lo diseñó, quién lo ejecutó, quién lo toleró? Los responsables hoy en día tienen como castigo 52 millones de euros en indemnizaciones", ha reprochado.

Por último, ha lamentado que parte de la solución que se ha dado a estas personas ha sido el canje voluntario de sus títulos, lo que supone "una elección entre la nada y malas condiciones", porque los "25.000 millones en acciones de entidades financieras (que se han ofrecido) perderán valor", y además la "estafa" de las preferentes alcanza los 30.000 millones de euros. "Este problema no está solucionado, así que el Gobierno no puede desentenderse", ha zanjado.

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