Iberia afirma que “nunca” ha dejado de contratar a una mujer por estar embarazada

Iberia ha asegurado hoy que “nunca” ha dejado de contratar a una mujer por estar embarazada y que cuenta con protocolos “muy rigurosos” para proteger a las mujeres encinta, las de plantilla y las aspirantes, para no asignarles tareas que puedan “poner en riesgo su salud y la del feto”.

En un comunicado oficial, la compañía recuerda que el 46 % de su plantilla son mujeres y el 71 % en el caso de las tripulantes de cabina de pasajeros (TCP), las azafatas.

La empresa aérea ha respondido hoy a la polémica generada después de que el Gobierno balear le haya impuesto una sanción administrativa de 25.000 euros por considerar discriminatorio que solicitara a las aspirantes un análisis de orina que permitía conocer si estaban embarazadas.

Iberia asegura que sus medidas laborales se encaminan a favorecer el empleo de la mujer, el embarazo y el cuidado de niños pequeños; prueba de ello es que en 2016 el 38 % de sus azafatas se acogieron a la reducción de jornada para cuidado de menores.

Durante este verano, en pleno “pico de actividad productiva”, al 42 % de las azafatas de largo radio se les ha reducido la jornada por la misma razón, de acuerdo con las figuras recogidas en el actual convenio colectivo.

La gerente de Prevención Laboral de Iberia, María Teresa García, ha declarado que en atención a la “sensibilidad” que genera el actual protocolo de protección de mujeres embarazadas se dejará de incluir la prueba del embarazo en el reconocimiento médico de ingreso.

“No obstante”, la compañía continuará poniendo todas las medidas necesarias para que las mujeres embarazadas trabajen con “todas las garantías y máxima seguridad”, tal y como se ha venido haciendo hasta ahora. ha señalado García.

La propuesta de sanción la planteó la Inspección de Trabajo del Gobierno balear tras supervisar hace alrededor de un año ese proceso de selección, después de haber tenido conocimiento de que una persona que se negó a someterse a dicha prueba fue expulsada del mismo, han informado fuentes de la Consejería.

La compañía aérea alegó que la prueba se llevaba a cabo por motivos de seguridad, con el objetivo de proteger a trabajadoras que estuvieran embarazadas y aplicar el protocolo de prevención de riesgos laborales adecuado a estos casos.

La Inspección de Trabajo impuso la sanción administrativa de 25.000 euros por infracción tras desestimar dichas alegaciones al considerar que la obligación de informar sobre la situación embarazo no es adecuada durante un proceso selectivo sino después de la contratación.

La aerolínea puede plantear recurso de alzada contra dicha sanción y también podría impugnarla por vía judicial.