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Antonio Pulido, expresidente de Cajasol, declarará esta semana como imputado por la venta de activos "tóxicos"

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Imputan al expresidente de Cajasol por la venta de activos "tóxicos"

Imputan al expresidente de Cajasol por la venta de activos "tóxicos"

Antonio Pulido, expresidente de Cajasol, y otros cuatro directivos de esta caja de ahorros declaran el miércoles como imputados por presunta estafa en la venta a un grupo inmobiliario de unos activos "tóxicos" con un sobreprecio de 5,2 millones de euros.

Pulido, hoy directivo de una filial de Caixabank, y los exdirectivos de Cajasol declararán en el juzgado de instrucción 5 de Sevilla por denuncia de Urbanizadora Rojas, que los acusa de haberles concedido en 2008 un préstamo para unas viviendas de VPO en Tomares (Sevilla) con la condición de que les comprara una parcela en la localidad sevillana de Dos Hermanas de las llamadas "molestas o tóxicas".

Según la denuncia, a la que ha tenido acceso Efe, Rojas solicitó a Cajasol (ahora integrada en Caixabank) un préstamo para adquirir los terrenos destinados a 200 viviendas de VPO en Tomares y la caja de ahorros prometió darlo a cambio de la adquisición en Dos Hermanas de unos determinados solares de los calificados como tóxicos.

La venta se firmó en enero de 2009 por 8.820.000 euros, con un sobreprecio sobre lo legalmente establecido de 5,2 millones de euros, afirma la denuncia.

La empresa compradora se encontraba en aquellos tiempos en una "situación complicada de ahogamiento financiero" que "le hacía absolutamente desaconsejable la inversión en nuevos terrenos", añade su denuncia.

Posteriormente el Grupo Rojas supo que la disposición de su préstamo tenía una serie de condicionantes, entre ellos que no se podía disponer del dinero hasta que tuviera vendidas el 75 por ciento de las viviendas de la promoción.

Tales condicionantes estaban recogidos en un documento que el empresario desconocía y que "fue introducido de una forma furtiva en la protocolización de la escritura del préstamo hipotecario", según la denuncia, que también reclama 33,1 millones de euros por diferentes conceptos como el lucro cesante, las sanciones por el retraso de la obra y el daño a la imagen.

Junto a Pulido, están citados Lázaro Cepas, exdirector general de la caja, y tres exdirectivos de la Cajasol Inversiones Inmobiliarias.

El abogado de Urbanizadora Rojas, Jesús Díaz Camacho, ha informado a Efe de que su intención es emprender también acciones legales contra "la dejadez mostrada por la Junta de Andalucía al permitir reiteradamente estas operaciones, a nuestro juicio fraudulentas" y en especial por permitir que se vulnere la ley de medidas para la vivienda protegida que "textualmente prohíbe cualquier sobreprecio" a los terrenos destinados a este tipo de proyectos.

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