Indra, participada por Hacienda, aún pendiente de firmar un código de buenas prácticas con la Agencia Tributaria
Indra se ha quedado sola. La empresa tecnológica, cuyo mayor accionista es el Estado con un 18,7% de su capital, es la única empresa con participación pública en el Ibex 35 que a día de hoy todavía no ha firmado un “código de buenas prácticas tributarias” impulsado hace siete años por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para intentar mejorar la cooperación público-privada en la prevención y la lucha contra el fraude fiscal.
A preguntas sobre este asunto, fuentes de Indra aseguran que la empresa “tiene previsto adherirse a esta normativa en el transcurso de este año” y subrayan que la compañía “cumple con las buenas prácticas en cuestiones tributarias”.
Habitual de los sumarios en casos de corrupción relacionados con el PP, la última crisis reputacional de Indra llegó en abril pasado, cuando la Guardia Civil registró sus oficinas tras la Operación Lezo, en la que fue detenida María Fernanda Richmond, ex directora financiera del Canal de Isabel II y esposa del consejero delegado de Indra, Javier de Andrés. De Andrés, un buen amigo del expresidente madrileño Ignacio González, mantiene la confianza del presidente de Indra, Fernando Abril-Martorell. La esposa del CEO de Indra salió el 7 de julio de la cárcel de Soto del Real (Madrid) tras abonar una fianza de 100.000 euros.
La participación del Estado en Indra está en manos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), un holding público que depende del Ministerio de Hacienda y que tiene dos representantes en el consejo de administración de la empresa de tecnología y defensa. Uno de ellos es Juan Carlos Aparicio, exministro de Trabajo con José María Aznar. La decisión de adherirse al código de buenas prácticas tributarias depende del máximo órgano de gestión de la compañía.
Nuevas adhesiones
A lo largo de este año, se han sumado a este acuerdo voluntario con la AEAT dos empresas del Ibex también participadas por el Estado, Aena y Enagás. La última adhesión ha sido la de Aena. Se incorporó el pasado 21 de abril, según fuentes del gestor aeroportuario, cuyo accionista mayoritario (51%) es el Estado a través de la entidad pública Enaire, dependiente del Ministerio de Fomento.
En marzo pasado, esta compañía formaba parte, junto a Enagás, del grupo de empresas del Ibex que todavía no habían suscrito este acuerdo voluntario. Enagás ya dijo entonces que su consejo de administración ya había aprobado su adhesión, que estaba pendiente de materializarse, como ha ocurrido finalmente.
La SEPI está presidida por Pilar Platero, persona de confianza de Cristóbal Montoro y exsocia del polémico despacho que fundó el ministro, Equipo Económico. El holding público tiene un 5% de Enagás, pero es el único accionista significativo que se sienta en el máximo órgano de gestión de la empresa gasista y, por ley, es el único que no tiene limitados sus derechos políticos.
Bankia se adhirió al código el 31 de marzo de 2016 y Red Eléctrica (cuyo mayor accionista es la SEPI), en septiembre de 2015. Fuera del Ibex, el grupo alimentario Ebro Foods (del que SEPI tiene un 10,36%) no ha firmado el acuerdo, que a 21 de abril (fecha de la última adhesión) habían suscrito 126 sociedades españolas.
La otra empresa del Ibex que se ha incorporado al código este año ha sido Banco Sabadell, tras la venta, el año pasado, de la mayoría de las acciones que tenía en el banco el multimillonario colombiano Jaime Gilinski, vinculado a varios paraísos fiscales.
Las que están fuera
A día de hoy, siete compañías del Ibex todavía no han suscrito el código. Entre ellas está la hotelera Meliá, cuyos dueños, la familia Escarrer, atesoran 67 millones de euros en una firma controlada desde Curaçao, Gibraltar y Panamá, tras acogerse a la amnistía fiscal que Cristóbal Montoro lanzó en 2012, declarada inconstitucional hace un mes.
Las otras empresas del principal índice bursátil que todavía no lo han suscrito son los supermercados DIA, la farmacéutica Grifols, la inmobiliaria Merlin Properties, la ingeniería Técnicas Reunidas, la tecnológica Cellnex y la aerolínea IAG. En el caso de Cellnex, sí lo está su mayor accionista (Abertis, que tiene un tercio de su capital); en el de IAG, Iberia está adherida en “representación” de la multinacional de la que forma parte.
Los firmantes del código se comprometen a ser más transparentes a la hora de informar sobre sus prácticas tributarias, mientras que en su relación con ellos la administración aumenta la seguridad jurídica en la interpretación de las normas tributarias. A cambio, los firmantes deben cumplir un conjunto de recomendaciones para evitar la utilización de estructuras fiduciarias opacas, intensificar la colaboración en la detección de prácticas fraudulentas y mejorar la información sobre las políticas fiscales aplicadas.
El código, un mecanismo “necesario”, según la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), no deja de ser una estrategia “publicitaria” para las empresas, según un alto directivo de una compañía del Ibex que está adherida a él desde hace tiempo.
El código no es ningún antídoto en la prevención del fraude. Entre las grandes empresas adheridas (desde julio de 2014) está la farmacéutica Almirall, cuyos dueños, los hermanos Gallardo Ballart, se acogieron en noviembre 2012 a la amnistía fiscal, como reveló la investigación de Los Papeles de Castellana. Unas semanas después de que trascendiese esa amnistía millonaria, Hacienda abrió una inspección a la empresa, cuyo valor se ha desplomado esta semana en bolsa tras una rebaja de sus previsiones de beneficio.
