Jueces de Madrid, preocupados por el “colapso” del juzgado de las cláusulas suelo

Asociaciones judiciales han manifestado hoy su preocupación por el “colapso” del juzgado de Primera Instancia número 101 bis de Madrid, especializado en cuestiones hipotecarias, que desde su apertura el pasado 1 de junio ha registrado “cinco veces más” demandas que otras sedes en un año.

Las secciones de Madrid de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI) denuncian que en apenas dos meses, el juzgado ha recibido 8.091 demandas a un ritmo de más de 300 procedimientos diarios, que afectan tanto al derecho de los ciudadanos como a la “salud” de los funcionarios.

Una situación que achacan a la “falta de diligencia” en la gestión por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyos miembros “demuestran no tener experiencia” en el funcionamiento de los juzgados españoles.

Además destacan que Madrid “no es una provincia cualquiera” ya que acoge la mayor parte de las sedes sociales de las entidades financieras, lo que permite a los afectados por supuestas irregularidades en las condiciones de contratación acudir al amparo del juzgado 101 bis sin necesidad de residir en la capital.

Para las asociaciones, resulta “paradójico” que se creen sedes especializadas con un propósito de agilización, cuando por el volumen de demandas previsible “era más que evidente que se iba a producir el efecto contrario”.

En este sentido, consideran que la precaria situación de unos juzgados “insuficientes en número, sin medios, dispersos y en la ruina” vulnera el derecho a la igualdad de acceso a la Justicia de los madrileños, en “peores condiciones” que el resto de españoles.

Pero también advierten del deterioro que la acumulación de causas puede ocasionar en la salud de las dos juezas destinadas, aún en proceso de evaluación y que inician su andadura profesional “inundadas” por los procedimientos, al igual que los letrados de la Administración y otros funcionarios que tendrán que hacer frente a un “esfuerzo titánico”.

Por todo ello, instan al CGPJ para que adopte urgentemente todas las medidas necesarias de cara a solventar este panorama “insostenible” que pasa, dicen, por una inversión económica en medios personales y materiales que las administraciones “no parecen estar dispuestas a asumir”.