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La Junta pone la "mano en el fuego" sobre la adjudicación de Aznalcóllar

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La Junta pone la "mano en el fuego" sobre la adjudicación de Aznalcóllar

La Junta pone la "mano en el fuego" sobre la adjudicación de Aznalcóllar

La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía ha confiado hoy en que se archivará la denuncia presentada por presuntas irregularidades en la adjudicación de la mina de Aználcollar, y ha puesto la "mano en el fuego" sobre la "limpieza" del procedimiento.

En conferencia de prensa en Sevilla, el secretario general de Innovación, Industria y Energía, Vicente Fernández, ha asegurado que la ciudadanía puede "confiar" en que el procedimiento de adjudicación ha sido "correcto", y ha defendido el "inmenso esfuerzo" de los funcionarios que han participado en dicho proceso.

Ha aclarado que se ha acordado, por "prudencia", la paralización "cautelar" de los "efectos" de la adjudicación del concurso, para lo que el gabinete jurídico está estudiando los mecanismos técnicos pertinentes.

"Esperamos que sea el mínimo tiempo indispensable", ha dicho Fernández, quien ha insistido en que el objetivo es que todo se lleve a cabo "de la manera más exquisita posible", pese a que no existe una obligación procesal de acordar la suspensión.

En la misma comparecencia, la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio, ha dicho que la Policía todavía no la ha llamado para declarar, aunque sí han empezado a hacerlo ante la juez algunos funcionarios.

La titular del juzgado de instrucción 3 de Sevilla ha emitido un auto, con fecha de 7 de mayo, en el que reprocha a la Junta que concediera la reapertura de la mina de Aznalcóllar "sin el más mínimo rigor" y pese a que fue donde se produjo el vertido tóxico en 1998.

Fernández y Asensio han basado su confianza en que se archive la denuncia presentada, vía penal, por Emerita Resources España SLU, una de las dos empresas que accedieron a la fase final del concurso, en que se trata de un procedimiento de concurrencia novedoso en España y "muy complejo", de forma que, cuando la jueza reciba las explicaciones técnicas, "todo se solventará".

"La Consejería quiere aportar la máxima transparencia, luz y taquígrafos", ha recalcado el secretario general de Industria, que ha confesado, al igual que la directora general, que tras leer el auto tiene "dificultad" para distinguir "aquellas cuestiones que son propias del atestado de las que son de la juzgadora".

"Entra dentro de la lógica que ofrezcamos a la instructora la mayor información posible, que demos el máximo de explicaciones, como en estos momentos están haciendo los funcionarios", ha razonado Fernández, quien ha reiterado su confianza en que "serán entendidos todos los aspectos sobre los que existe alguna duda y que finalmente la denuncia sea archivada".

Ha detallado, en este sentido, que el auto fue dictado con fecha 7 de mayo, antes de que los funcionarios pudieran explicar de forma "pormenorizada" cada uno de los trámites, por lo que ha insistido en que es "lógico" que se hayan podido suscitar "algunas dudas" en un concurso cuyo procedimiento "no tiene parangón".

La directora general ha puesto como ejemplo el reproche relativo a que no se exigiera la publicación de las cuentas de las empresas en el Registro Mercantil, a lo que ha respondido que las dos compañías que daban "solvencia" al proyecto no eran españolas -la adjudicataria es Minorbis-Grupo México y la otra es canadiense-, por lo que tienen sus cuentas publicadas en la bolsa de metales "y claro que aportaron la información", ha dicho.

Respecto a la reunión en la que, según los denunciantes, el presidente de Magtel, de la que es filial la empresa adjudicataria, advirtió de que tenía "la llave del concurso" y anunció que iba a recibir una llamada de alguien de la Consejería, el secretario general de Industria ha dicho que "nadie hubiera consentido que se dijera que una empresa concreta tiene la llave del concurso y que nosotros la avalásemos".

Ha explicado que esas manifestaciones se refieren a un periodo en el que no se había presentado ninguna oferta y su departamento estaba desarrollando una "labor informativa" entre las empresas que podían ser candidatas, dado que era un concurso internacional, y una de las cuestiones que planteó la compañía denunciante era si necesariamente tenía que presentarse de la mano de una empresa española, a lo que la Junta respondió que no era necesario.

Según Fernández, la Junta no ha "predeterminado" que las empresas se organizasen de "ninguna manera" concreta, y lo que hizo fue informar "hasta la saciedad" porque era un concurso "singular, completamente único" en España.

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