Marruecos y España avanzan en las prospecciones de petróleo con la oposición canaria

Los Gobiernos de Marruecos y España avanzan en su intención de realizar prospecciones petrolíferas en el Atlántico, en aguas cercanas a Canarias, con la oposición decidida de las instituciones insulares, del sector turístico de las islas orientales y de los grupos ecologistas.

A falta de una delimitación de las aguas jurisdiccionales en la zona, ambos gobiernos han autorizado prospecciones cada uno a su lado de la mediana, una línea imaginaria equidistante entre las costas marroquíes y canarias.

En las islas, cuya economía depende del turismo, se ven con preocupación estos movimientos y las posiciones se dividen entre quienes consideran inasumible el riesgo de un derrame de petróleo y quienes defienden los efectos beneficiosos de esa actividad sobre la economía local, que soporta un paro del 33 por ciento.

Según las estimaciones de Repsol, los yacimientos podrían contener 1.400 millones de barriles y se podrían extraer 140.000 barriles al día, el 10 por ciento del consumo nacional, una cantidad sin precedentes en España.

En el lado marroquí acaba de saberse que la petrolera escocesa Cairn Energy se prepara para empezar en las próximas semanas los sondeos al lado de las cuadrículas en las que el Gobierno de España ha autorizado a Repsol a perforar a sesenta kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura.

Además, la plataforma Cajun Express, contratada por Cairn Energy, comenzará a primeros de octubre sus trabajos a unos 555 kilómetros al noreste de Canarias.

Las prospecciones que hará Repsol, asociada con la alemana RWE y la australiana Woodside, están pendientes del proceso de evaluación de impacto ambiental.

Este martes concluye el plazo para formular alegaciones a la evaluación de impacto contra los planes de Repsol, a los que se oponen el Gobierno de Canarias, el Parlamento autonómico y los Cabildos de Fuerteventura y Lanzarote.

Desde que el Gobierno presidido por José María Aznar autorizó en diciembre de 2001 las prospecciones por primera vez, las instituciones canarias han presentado sucesivos recursos judiciales, algunos pendientes de fallo.

En un principio, el gobierno canario vio las autorizaciones como una oportunidad para el reconocimiento de una zona económica exclusiva alrededor del archipiélago delimitada por la mediana con Marruecos.

Doce años después, la zona económica de 200 millas sigue sin estar reconocida y las aguas más allá de las doce millas siguen siendo internacionales, si bien la mediana funciona tácitamente como la línea divisoria entre los dos países.

El Cabildo de Lanzarote ha sido desde el principio la institución más combativa y en 2004 consiguió del Tribunal Supremo la revocación de los permisos por falta de medidas de control medioambiental.

Las autorizaciones quedaron paradas durante los gobiernos del PSOE, que se comprometió a no reactivarlas sin el acuerdo de las instituciones canarias.

Con el regreso al poder del PP y con el canario José Manuel Soria como ministro de Industria, en marzo de 2012 se concedieron de nuevo los permisos a Repsol.

Desde entonces, la oposición de las instituciones canarias ha sido inequívoca, con el presidente regional, Paulino Rivero, a la cabeza.

La negativa de las instituciones canarias, aunque bienvenida por los grupos ecologistas, ha sido muy criticada por el PP de Canarias, defensor de los beneficios económicos de una eventual explotación.

Sin embargo, el Gobierno canario argumenta que las islas sólo asumen riesgos en esta operación, mientras que todos los beneficios serán para una compañía privada.

En su día, el Gobierno central ofreció crear una tasa para Canarias sobre la extracción de los hidrocarburos y el Gobierno canario respondió anunciando un impuesto sobre esa actividad con efectos disuasorios, pero de momento nada se sabe de esas iniciativas.

Aunque los pronunciamientos institucionales no dejan lugar a dudas de la oposición de Canarias a las prospecciones, la unanimidad interna está lejos de producirse.

Hay voces dentro de Coalición Canaria y entre los empresarios, sobre todo en las islas occidentales, que se han pronunciado a favor del petróleo si hay garantías medioambientales y de beneficios económicos.

El secretario general del PSOE de Canarias, José Miguel Pérez, dijo poco antes de convertirse en vicepresidente del Gobierno autonómico que era partidario de las prospecciones “con los ojos cerrados”, aunque después ha mostrado su oposición.

El PP tampoco se libra de las contradicciones, y mientras en la Comunidad Valenciana y en Baleares se opone a las prospecciones por sus riesgos medioambientales y para el turismo, en Canarias las apoya.