Multa al Banco Popular de 5,82 millones por incumplir la función social de la vivienda

La Junta de Andalucía ha sancionado con 5,82 millones de euros al Banco Popular y con 120.000 al Banco Sabadell por incumplir la función social de sus viviendas, según una nota de prensa de la Consejería de Fomento y Vivienda.

Según la fuente, ambas entidades han incumplido el artículo 20m de la Ley de Vivienda protegida que fue establecida e introducida por la Ley de Función Social de la Vivienda y que implica la obligación legal de ofrecer sus viviendas protegidas a los registros municipales de demandantes.

En el caso del Popular, el número de viviendas sin ofrecer a los registros que ha acreditado la Consejería es de 97 y de dos en el caso del Sabadell y la sanción es de 60.000 euros por vivienda, al constituir cada omisión del deber de cederla al registro una infracción muy grave de la Ley de Vivienda Protegida.

“Una vivienda protegida se ha construido con dinero público y debe tener siempre como destinataria una familia que la necesite y cumpla los requisitos. Las VPO no pueden servir a fines especulativos”, que ha añadido que “la protección y garantía del derecho a la vivienda es nuestra principal prioridad”.

La resolución, firmada por la secretaria general de Vivienda, Amanda Meyer, cierra así con dos sanciones sendos expedientes abiertos por la Consejería el pasado febrero.

La Consejería mantiene abiertos además expedientes sancionadores a otras seis entidades financieras, por un total 5,1 millones de euros: BBVA (1,62 millones de euros por 27 viviendas), Building Center (1,56 millones por 26 viviendas), Unión de Créditos Inmobiliarios (780.000 euros por 13 viviendas), Banco Santander (660.000 euros por 11 viviendas), Servihabitat (360.000 euros por 6 viviendas) y Anida Operaciones Singulares (120.000 euros por dos viviendas).

Según la nota, estos expedientes se encuentran en fase de evaluación de las alegaciones previa a la emisión de la resolución.

La Junta ya ha sancionado con 120.000 euros a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), por obstruir las medidas de la Administración para garantizar la función social de sus viviendas protegidas y mantiene abierto otro procedimiento contra Sareb por 11,7 millones de euros por incumplimiento del artículo 20m, al supuestamente no haber puesto 98 viviendas a disposición de los registros municipales de demandantes.

La Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda no fue impugnada por el Gobierno central en su totalidad, sino sólo algunos preceptos, como la potestad de sancionar a entidades financieras por mantener viviendas vacías durante más de seis meses o la de expropiar temporalmente el uso de viviendas para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social.