Organizaciones de mujeres y sindicatos de Uruguay rechazan la Ley del aborto

El proyecto de ley de despenalización del aborto en Uruguay, consensuado en la Cámara de Diputados, fue rechazado hoy por organizaciones de mujeres y sindicatos, que alegan que dificulta enormemente interrumpir el embarazo y es “humillante”.

“Es una tomadura de pelo” dijo Lilian Abracinskas, integrante de la Coordinación Nacional de Organizaciones por la Defensa de la Salud Reproductiva, al asegurar que el proyecto hace “inaccesible el acceso al aborto”.

Abracinskas participó en una conferencia organizada por la Coordinadora por el Aborto Legal en Uruguay, en la sede del sindicato (PIT-CNT).

Según la Coordinadora, que integran organizaciones civiles y sindicatos, la mujer que quiera interrumpir su embarazo debe someterse a la “humillación” de tener que entrevistarse con un tribunal médico explicando por qué quiere hacerlo, como figura en el texto legal.

“Ninguna de las propuestas realizadas por la Coordinadora fueron tomadas en cuenta en el proyecto, el Parlamento le ha dado la espalda a las mujeres y a la sociedad civil organizada”, afirmó Abracinskas.

Justo hoy se ha publicado una encuesta realizada por la consultora Cifra, que señala que el 52 % de la población de Uruguay está a favor de despenalizar el aborto, mientras que el 34 % lo censura y el 14 % no se pronuncia.

El proyecto de ley que se someterá a votación la próxima semana en la Cámara de Diputados fue presentado por el Partido Independiente (PI) tras un proceso de negociaciones con el oficialista Frente Amplio (FA, izquierda).

La iniciativa para la “despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo” señala que antes de las doce semanas de gravidez la mujer debe concurrir a una consulta médica habilitada por el Ministerio de Salud Pública para “explicar las razones” por las cuales “de acuerdo a condiciones de penurias económicas, sociales, familiares o etarias no quiere continuar con su embarazo”.

Posteriormente, el médico deberá concretar una consulta de la paciente con un equipo integrado por al menos tres profesionales, “uno de los cuales debe ser contrario a la práctica del aborto”, otro experto en tratamiento sicológico y el tercero en temas sociales, para recomendar a la mujer diferentes opciones.

La mujer tendrá unos días para reflexionar sobre lo conversado en esa entrevista y si mantiene su postura, entonces podrá someterse a la interrupción del embarazo.

El proyecto de ley no “legaliza” el aborto sino que lo “despenaliza” y ese matiz permite que algunos legisladores le den su voto.

El Senado aprobó el pasado diciembre otro proyecto que lo legalizaba, pero desde entonces está varado en la Cámara de Diputados porque su principal impulsor, el Frente Amplio, no logró reunir los votos necesarios, ya que dos de sus diputados se negaron a votarlo.

La despenalización del aborto divide a todos los partidos con representación parlamentaria y en los últimos meses han sido constantes las negociaciones entre legisladores de todos ellos para buscar un proyecto de ley consensuado.

En Uruguay se producen al margen de la ley unos 30.000 abortos al año, según cifras oficiales, aunque el número podría duplicarse de acuerdo a estimaciones de organizaciones defensoras de las mujeres.