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Oxfam dice que el Gobierno paraguayo dilata reparto de tierras a campesinos

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Oxfam dice que el Gobierno paraguayo dilata reparto de tierras a campesinos

Oxfam dice que el Gobierno paraguayo dilata reparto de tierras a campesinos

La ONG internacional Oxfam denunció hoy que el Gobierno paraguayo ignora los pedidos de tierras de las comunidades campesinas de Curuguaty, donde un desalojo policial provocó hace casi tres años un tiroteo con 17 muertos y una semana más tarde la destitución del entonces presidente, Fernando Lugo.

"Cartes no ha avanzado en dar respuesta al pedido de las comunidades, dilatando el proceso de diálogo y evitando la responsabilidad estatal en el tema", manifestó el director de Oxfam en Paraguay, Oscar López.

El activista calificó de "grave caso de acaparamiento de tierras" el conflicto de una década por 2.000 hectáreas entre los campesinos y la empresa Campos Morombí, perteneciente a la familia del fallecido legislador del gobernante Partido Colorado Blas N. Riquelme.

En los terrenos reclamados por los labriegos, conocidos como Marina Kue (tierras de la Marina, en guaraní), un enfrentamiento aun no esclarecido causó la muerte a once campesinos y a seis policías el 15 de junio de 2012.

La matanza provocó una semana más tarde la destitución del entonces presidente, Fernando Lugo, en un juicio parlamentario.

Oxfam asegura que "el caso Curuguaty" es "ejemplo de la desigual distribución de la tierra" en Paraguay.

Según la ONG, el 1,6 % de los propietarios se reparten el 80 % de la tierra agrícola y ganadera del país.

Durante la dictadura (1954-1989) fueron adjudicadas de manera fraudulenta unos 7,8 millones de hectáreas, siendo esta una de las principales causas de la actual concentración de tierras, afirma Oxfam en un comunicado.

La ONG impulsó junto a las comunidades afectadas y organizaciones locales, una campaña que ha recogido 37.574 firmas de personas en Paraguay y otros 59 países, que suscribieron una petición al Gobierno para el reparto de las tierras de Marina Kue, que la empresa de la familia Riquelme ha convertido recientemente en "una reserva natural privada".

Y en dicha reserva, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) señaló que encontró la semana pasada tres hectáreas de cultivos marihuana.

Oxfam ha buscado el apoyo de legisladores y personalidades políticas de Estados Unidos, España y América Latina y el Caribe para solicitar la recuperación por parte del Estado de Marina Kue, que consideran "ocupada de forma irregular" por la empresa ganadera.

La ONG destacó que Cartes "no se ha manifestado públicamente sobre el caso de acaparamiento" y afirmó que continúa habiendo irregularidades en el proceso judicial abierto contra los campesinos que estaban en el terreno el día del desalojo en Curuguaty.

Trece labriegos están imputados, nueve de ellos por intento de homicidio de los policías, mientras que nadie está acusado por la muerte de los campesinos.

El juicio debía comenzar en noviembre, pero el tribunal lo pospuso hasta junio próximo porque no notificó dentro del plazo previsto por la ley a unas 50 personas que son testigos del caso.

En diciembre pasado la Corte Suprema de Justicia abrió un sumario administrativo contra los abogados que defienden a los campesinos por supuestas acciones dilatorias, algo que la defensa achaca al Poder Judicial.

Además, la semana pasada el dirigente campesino Rubén Villalba, señalado también en la acusación fiscal del caso, fue condenado a siete años de cárcel por una causa judicial anterior que, según denuncia la defensa, "debió extinguirse al pasar los plazos para un juzgamiento razonable".

No obstante, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), una entidad pública, mantiene que el Estado es el legítimo propietario de los terrenos, que intenta recuperar en los tribunales desde hace una década.

A la campaña de Oxfam se han sumado figuras como el Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel, el grupo de música Calle 13 y más de 40 organizaciones sociales latinoamericanas.

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