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El PE vota a favor de la certificación obligatoria de minerales de zonas en guerra

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El PE vota a favor de la certificación obligatoria de minerales de zonas en guerra

El PE vota a favor de la certificación obligatoria de minerales de zonas en guerra

El pleno de la Eurocámara se mostró hoy a favor de la certificación obligatoria de las empresas de la Unión Europea (UE) que importan estaño, tantalio, wolframio y oro, a fin de evitar abusos de derechos en las zonas en conflicto.

Por 400 votos a favor, 285 en contra y 7 abstenciones, los eurodiputados reclamaron el cumplimiento obligatorio de la certificación para "todos los importadores de la UE" que se abastecen en zonas de conflicto, según señala el texto.

Así, el pleno del PE amplía su propuesta inicial de obligar a certificar solo a algunas empresas, como las refinerías.

Se trata de un voto provisional hasta que los eurodiputados alcancen un acuerdo con el Consejo, los países de la UE, menos abiertos a imponer nuevas obligaciones a las empresas.

Las áreas afectadas por la normativa son todas las de conflicto y alto riesgo del mundo, de las que la República Democrática del Congo y la zona de los Grandes Lagos son el ejemplo más claro.

El texto define "áreas de conflicto y de alto riesgo" como aquellas sumidas en conflicto armado, con violencia generalizada y desmoronamiento de la infraestructura civil, o en posconflicto frágil, y zonas con gobiernos o seguridad precarios o inexistentes, caracterizadas por "violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos".

Las compañías que están al final de la cadena de suministro, es decir las 880.000 empresas de la UE que utilizan estaño, tantalio, wolframio y oro en la producción de bienes de consumo, tendrán que informar de las medidas que toman para identificar y abordar los riesgos detectados en sus cadenas de suministro de dichos minerales y metales.

Algunas de las compañías más afectadas en Europa podrían ser las de teléfonos móviles, pues algunos de esos minerales se usan para la fabricación de terminales.

Por otro lado, los eurodiputados pidieron a la Comisión Europea (CE) apoyo financiero para las pequeñas y medianas empresas para obtener la certificación, mediante el programa europeo para la competitividad de las pymes (COSME, en inglés).

La Eurocámara también reclama un mecanismo de control del sistema más estricto, con una revisión de su funcionamiento dos años después de empezar a aplicarlo y posteriormente cada tres años (en lugar de a tres años y cada seis, respectivamente, como proponía la Comisión).

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