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El PP impide que comparezca Mato y rechaza que los ajustes sanitarios sean xenófobos

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Mato analizará mañana con las autonomías el impacto de la reforma sanitaria

Mato analizará mañana con las autonomías el impacto de la reforma sanitaria

El Grupo Popular ha negado hoy que el decreto-ley de reforma sanitaria y su desarrollo normativo impliquen xenofobia, sino una regulación generosa con los inmigrantes, y se ha opuesto a la comparecencia de la ministra de Sanidad, Ana Mato, en el Congreso para explicar estas cuestiones.

El diputado popular Mario Mingo ha asegurado que se trata de la regulación "más generosa posible", pues ningún país europeo dispone de la protección sanitaria que reciben los inmigrantes en España en urgencias, salud pública, vacunas, sida, enfermedades infecciosas, asistencia a menores, al embarazo, parto y postparto.

La Izquierda Plural y PNV, por un lado, y los socialistas, por otro, con el apoyo matizado de CiU, han pedido en la Diputación Permanente del Congreso la comparecencia extraordinaria de Mato, que no ha prosperado por 28 votos en contra, frente a 21 a favor.

El diputado popular Mario Mingo ha asegurado que el principal reto del Gobierno es la "sostenibilidad" de la sanidad pública y ha acusado al portavoz socialista, José Martínez Olmos, de ser uno de los máximos responsables de la deuda de 16.000 millones de euros del sistema, ya que fue secretario general de Sanidad durante siete años y medio.

Ese decreto-ley, pactado con las comunidades, ha asegurado Mingo, es para salvaguardar la cohesión, y buena muestra de ello ha sido la reducción del gasto farmacéutico en julio pasado, según ha argumentado.

Según el diputado, el proyecto de "aseguramiento" de asistencia sanitaria para extranjeros remitido por Sanidad a las CCAA a primeros de agosto señala que todos los enfermos crónicos o graves tienen "todo el derecho" a seguir siendo tratados si el médico lo cree oportuno.

El Ministerio actúa de acuerdo con las comunidades y las sociedades médicas, según el PP, y la ministra ha ofrecido un pacto de Estado por la sanidad, pero los socialistas están "muy lejos", ha dicho.

Los Grupos Socialista y Vasco han considerado que la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares contradice la Constitución y "la universalidad" del derecho a la salud.

Según el socialista Martínez Olmos, "la sanidad está hoy peor que nunca" debido a "los recortes, el copago injusto de pensionistas, el medicamentazo y la disminución de plantillas, junto a una descapitalización humana que vamos a lamentar".

Sobre "la exclusión de colectivos" de la sanidad universal, la ha considerado "una medida xenófoba, injusta, inútil e ineficaz" que ahorrará "cuatro euros anuales por habitante y año".

El socialista ha alertado de que "personas que conviven con nosotros, que no van a ser atendidas, van a ver perjudicada su salud, pero también la de aquella comunidad en la que viven".

Por el PNV, Emilio Olabarría ha dicho que "la Constitución reconoce el derecho a la salud a los españoles y extranjeros por igual".

Por esta razón, el decreto-ley que "excluye" a los inmigrantes sin documentación, salvo casos concretos, del reconocimiento universal y gratuito de la asistencia sanitaria es "un problema de derechos humanos" que "terminará resolviendo el Tribunal Constitucional".

El diputado Pere Macías (CiU) ha apoyado la comparecencia ante un "error del Gobierno", pero ha pedido que no se desate en el debate una "batalla falaz" entre lo público y lo privado en la sanidad española, pues ambos han coexistido con éxito en el modelo catalán.

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