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El PP obligará a los accionistas de sicav a tener más del 0,55 % del capital

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El PP retoma la idea de capitalizar el despido para disminuir la temporalidad

El PP retoma la idea de capitalizar el despido para disminuir la temporalidad

El PP obligará a los accionistas de sicav (sociedades de inversión de capital variable) a tener una participación superior al 0,55 %, para garantizar que estas sociedades se utilicen como instrumentos de inversión colectiva y no como medio para que los grandes patrimonios paguen menos impuestos.

Según ha incluido el PP en su programa económico de cara al 20D, sólo se computarán a efectos del número mínimo de cien accionistas los que tengan una participación en la sicav superior al 0,55 %, con lo que se cerrará la posibilidad de que un único accionista tenga la mayoría del capital de la sociedad como ocurre en la actualidad.

Por otra parte, el PP se compromete a aumentar la cantidad que da derecho a reducción en el IRPF por las aportaciones a planes de pensiones, actualmente fijada en 8.000 euros por ejercicio, pero solo en los casos en que las aportaciones se realicen conjuntamente por el empleador y el trabajador.

En la misma línea, se revisará la forma de cálculo del IRPF cuando se rescaten planes de pensiones, de manera que el rendimiento de la inversión recuperada sea tratada como ahorro y tribute a un tipo menor.

Estas medidas se suman a la principal, ya anunciada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de bajar el tipo máximo del IRPF al 43 % al final de la legislatura, si bien en el programa electoral solo se recoge que se rebajará la carga fiscal de los ciudadanos para garantizar "que los beneficios de la recuperación económica llegan a todos los hogares".

Por otra parte, el programa dice que se "orientarán" los impuestos que tienen una influencia más directa en la actividad económica para promover el crecimiento y la creación de empleo, y que se fortalecerá la lucha contra el fraude fiscal.

Respecto al fraude, explica que se utilizarán medios tecnológicos para reducir los plazos entre la declaración de los hechos imponibles y su comprobación, y que se exigirá a las empresas que introduzcan en sus informes de auditoría una valoración expresa de los riesgos fiscales.

Además, las grandes empresas tendrán que declarar a la Administración Tributaria aquellos esquemas que puedan entenderse como una planificación fiscal agresiva para derivar el pago de impuestos a otros países con impuestos más bajos.

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