El PSOE pide una buena regulación para no crear una “ley del segundo fracaso”

El secretario de Economía del PSOE, Manuel de la Rocha, ha valorado hoy la puesta en marcha de la Ley de Segunda Oportunidad, porque “más vale tarde que nunca”, si bien ha alertado de la necesidad de regularla bien, para que no se convierta en una “ley del segundo fracaso”.

En rueda de prensa para comentar las medidas que aprobó el viernes el Ejecutivo, De la Rocha ha señalado que demuestran que el Gobierno “no tiene un proyecto económico de futuro para España”, ya que se trata de “parches bienintencionados, pero claramente insuficientes y con un claro tufo electoralista”.

En concreto, De la Rocha ha explicado que la ley de segunda oportunidad es una “exoneración temporal de los créditos pendientes, previa liquidación de todos los bienes más allá de los avales exigidos en el momento de concesión del préstamo”.

Además, ha añadido que si, tras la exoneración el deudor tiene un cambio de fortuna o una mejora de su situación, se le puede volver a requerir el pago de sus deudas.

Esta ley de segunda oportunidad no incluye a los avalistas, ha señalado, mientras que a las entidades financieras que tomaron parte “en la concesión irresponsable de los créditos” se les permite la dación en pago a través de la Sareb.

Tampoco elimina las cláusulas suelo, ha advertido De la Rocha, sino que sólo contempla su supresión para aquellos que se acogieron al código de buenas prácticas, lo que, a su juicio, hará que los trámites judiciales tengan que continuar en el 99 % de los casos.

El secretario de Economía del PSOE ha criticado asimismo el hecho de que se haya hecho coincidir el anuncio de esta medida con la tramitación en la Cámara Baja de la Ley concursal, algo que ha considerado “una burla al Congreso”, y ha solicitado que este real decreto sea tramitado como proyecto de ley en el Parlamento.

El PSOE pide también la paralización de las ejecuciones hipotecarias de vivienda habitual hasta dar una respuesta a los deudores, así como la revisión y supresión de las cláusulas abusivas de los contratos.

También solicita aprobar un procedimiento de segunda oportunidad real que procure, con una mediación para el establecimiento de planes de saneamiento de pagos, evitar la pérdida de la vivienda y la ejecución de todos los bienes.

En caso de no poder establecer una reestructuración de la deuda, ha añadido De la Rocha, insta a aprobar la dación en pago con carácter retroactivo para aquellos que ya han perdido sus viviendas y mantienen las deudas.

Asimismo, ha pedido al Gobierno que cree una alternativa social de viviendas, incentivando a los bancos para que pongan en el mercado mediante el alquiler social para colectivos necesitados las más de 800.000 casas vacías que tienen y que han recibido de una u otra manera apoyos públicos.

Respecto a las medidas en materia de empleo aprobadas también el viernes por el Gobierno, la secretaria de Empleo, Luz Rodríguez, ha criticado la “exención de cotizaciones a la Seguridad Social” por parte de los empresarios por los primeros 500 euros del salario del trabajador cuando sea contratado de manera indefinida.

Ha considerado que se trata de un “regalo a la patronal de más de 1.500 millones de euros” y que este tipo de políticas son “ineficaces” para creación de empleo, en general, y de empleo estable, en particular.

Ha añadido que en España existen miles de puestos de trabajo que están cubiertos por temporales y que no responden a lo que exige la Ley, pero que el Ministerio de Empleo, a través de la inspección de trabajo, dedica pocos esfuerzos a controlarlo.

Asimismo, ha señalado que esta medida va a “taponar los ingresos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, lo que, sumado a los reintegros realizados durante la legislatura (unos 40.000 millones de euros), servirá para ”esquilmar“ nuevamente la denominada ”hucha de las pensiones“.

En cuanto al llamado “cheque familiar”, Rodríguez ha explicado que esta deducción para familias monoparentales de 1.200 euros al año deja fuera a las más vulnerables, las que no presentan declaración de la renta porque no superan los 11.500 euros al año, a las que sólo se les aplicará una ayuda anual de 200 euros.

“Nosotros no estamos a favor de deducciones fiscales, sino de elevar el gasto social, porque ello beneficia a toda la población, con independencia del nivel de renta”, ha dicho.

En el caso de la bonificación para la conciliación de los autónomos, Rodríguez ha considerado que es prioritaria una reforma de su cotización a tiempo parcial, que les permita pagar menos a la Seguridad Social mientras cuidan de su familia, y ha considerado que la medida propuesta impulsa la contratación temporal y a tiempo parcial.