El PSOE pide que el bono social se dirija a rentas de unos 18.600 euros anuales

El PSOE ha pedido al Gobierno que el bono social eléctrico vaya dirigido a familias con rentas 2,5 veces inferiores al IPREM, es decir de hasta 18.637 euros anuales, y ha asegurado que la próxima semana el Ministerio de Energía les trasladará el borrador del reglamento.

La portavoz socialista de Energía en el Congreso, Pilar Lucio, ha señalado a los medios de comunicación que el PSOE ha trasladado al ministerio las propuestas de su grupo sobre el criterio de renta que deben regir en el bono social y las definiciones de lo que son los tipos de consumidores vulnerables, severos y no severos.

En este sentido ha dicho que los socialistas quieren que pueda ser solicitado por los consumidores con ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM, indicador con el que se referencian becas o ayudas estatales.

El IPREM en 2017 se sitúa en 7.455,14 euros al año en 14 pagas.

Lucio ha confirmado que tras los contactos mantenidos con el Gobierno la semana pasada, el ministerio de Energía se ha comprometido a trasladar a los grupos parlamentarios el borrador del reglamento.

“Confío en que así lo hagan”, ha dicho, tras asegurar que el PSOE ha trasladado una propuesta “muy detallada” sobre lo que deben ser los consumidores vulnerables y el perfil que deben definir también las CCAA.

Además, ha recordado que otra de las peticiones es impulsar la transparencia en la información que recibe el consumidor eléctrico, “para que pueda tomar una decisión de con quién quiere contratar”.

El real decreto-ley que recoge el nuevo mecanismo de financiación del bono social y plantea otras medidas de protección para los consumidores vulnerables de energía eléctrica fue aprobado el 31 de enero en el Congreso.

Se elaboró a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo que invalidó el sistema de financiación del bono social, un descuento del 25 % en el recibo de la luz que se aplica a los consumidores más vulnerables, actualmente 2,4 millones de hogares.

A partir de ahora, el bono social será costeado por todas las comercializadoras y no solo por las que desarrollan también actividades de generación y distribución.