¿Pactar con el Gobierno que impuso los recortes?
El pasado lunes, el Gobierno y los sindicatos firmaron su primer gran acuerdo de la legislatura: una nueva ayuda para parados de larga duración con cargas familiares y sin ingresos. Como en otras ocasiones, la foto de los líderes de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, en la firma junto al presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha levantado ampollas en algunos sectores de la izquierda, que no comparten la estrategia sindical. Las centrales, por el contrario, defienden un acuerdo que consideran imprescindible y recuerdan que el aumento del sistema de protección ha sido una de sus reivindicaciones constantes.
El diálogo social ha sido prácticamente inexistente durante esta legislatura. Y mientras duraba ese silencio, el Gobierno ha aplicado duros recortes vestidos de reformas laborales y de la negociación colectiva que, además de limar derechos, ha restado poder negociador a los sindicatos. Es esa situación la que hace incomprensible para algunos que las centrales pacten ahora, aunque se trate de una nueva prestación social.
El secretario de Organización de Podemos, Sergio Pascual, asegura que cualquier medida que ayude a paliar la exclusión es bienvenida, pero no comparte el contexto: “Dudamos de que los que con una mano propician los recortes sociales sean los mismos que en año electoral pacten este tipo de medidas. Nosotros en ningún caso pactaríamos con los partidos de la casta una medida paliativa para ayudar a camuflar el resultado de sus políticas”.
El diputado de IU y candidato a las primarias de la formación para las elecciones generales, Alberto Garzón, también ha mostrado su escepticismo.
Los sindicatos subrayan que la lógica sindical es distinta de la política y defienden una combinación de movilización y negociación. “El tiempo político no coincide con el sindical. Ante una situación insostenible, con cientos de miles de familias sin ingresos, tendría difícil justificación que no pactáramos una ayuda económica que además está vinculada a un programa de reinserción laboral solo por una cuestión de estética. Ellos están esperando el cambio político, y ¿mientras tanto qué hacemos con esas personas?, ¿por no salir en una foto no firmamos?”, señala el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer.
En términos parecidos se pronuncia el secretario de Organización y Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano: “Un partido tiene sus códigos, un sindicato tiene los suyos. Nosotros pretendemos ser transformadores, pero mientras cambiamos la sociedad hay que resolver los problemas cotidianos. ¿Qué le decimos a los 750.000 hogares sin ingresos? ¿Que cuando logremos echar al PP ya resolveremos sus problemas? Esa gente necesita comer mañana”.
Tanto Lezcano como Ferrer defienden que la acción sindical ha sido determinante para firmar este acuerdo. No en vano, las primeras propuestas del Gobierno tenían como objetivo un número de beneficiarios más reducido y unos criterios más exigentes. Aseguran también que ni UGT ni CCOO renuncian a derogar la reforma laboral y a seguir ampliando la protección social. “Ahora vamos a por una renta mínima garantizada, es algo que llevamos diciendo mucho tiempo”, precisa Lezcano.
Equilibrio delicado
Para la profesora titular de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia Adoración Guamán, el equilibrio sindical es difícil. Guamán cree que hay una confusión entre pacto social y paz social: “Que exista un pacto entre capital y trabajo sobre políticas de bienestar no quiere decir que los sindicatos renuncien a la lucha. Han de negociar con Gobierno y patronal porque esa es una de sus atribuciones, aunque desde unos mínimos dignos”.
La experta se muestra crítica con la forma en la que se ha producido el pacto porque entiende que la postura sindical debería ser “más dura” y porque la imagen que se proyectó el lunes “conviene al Gobierno”. Sostiene, no obstante, que las centrales tienen difícil llegar a un equilibrio entre negociación y confrontación.
“Existe la lógica del diálogo y de la concertación, pero entendemos que no se puede utilizar el mandato constitucional a los sindicatos para hacer política y nosotros entendemos que el del lunes fue un acto político”, insiste el secretario de Organización de Podemos.
Ferrer, de UGT, subraya que la estrategia sindical siempre ha combinado movilización con negociación: “Lo hacemos para generar correlación de fuerzas para negociar”. “Hay que entender la autonomía sindical. Funcionamos con nuestras propias líneas de actuación, no somos correa de transmisión de los análisis políticos de nadie”.
