Pactos de la Moncloa: La política económica nacida del diálogo entre partidos

Mañana se cumplen 40 años de la firma del documento económico de los Pactos de la Moncloa, fruto de un diálogo al que aceptaron sumarse todos los grupos parlamentarios en los primeros tiempos de la transición para contener el desempleo, rebajar la inflación y favorecer la recuperación del país.

El Ejecutivo de UCD presidido por Adolfo Suárez, que gobernaba sin mayoría parlamentaria desde las elecciones de 1977, celebradas cuatro meses antes, auspició un acuerdo que contó con el apoyo del PSOE, los socialistas catalanes, los comunistas, los nacionalistas catalanes y vascos y la Alianza Popular de Manuel Fraga, que rechazó en cambio firmar el documento político de estos pactos.

AP se opuso a diversos puntos, especialmente sobre orden público, en la redacción de aquel segundo documento, suscrito el 27 de octubre, que garantizó el derecho a la libertad de expresión y en el que se recogió la reforma del derecho de reunión y de asociación política, así como la modificación de la ley de Orden Público y del Código Penal en lo referido a la mujer y las libertades públicas.

Dos días antes, Fraga sí participó en la firma del documento económico junto a Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo (UCD), Felipe González (PSOE), Santiago Carrillo (PCE), Josep María Triginer (Federación Catalana del PSOE), Joan Raventós (PSC), Enrique Tierno Galván (PSP), Miquel Roca (Minoría Catalana del Congreso) y Juan Ajuriaguerra (PNV).

Bajo el título “Plan de Saneamiento y Reforma Económica”, el acuerdo fue clave para fijar el camino que seguiría la política económica de la naciente democracia, que arrastraba una complicada situación como consecuencia de la crisis energética de 1973, con más de 700.000 parados, una inflación superior al 30 por ciento y un sector exterior cada vez más deficitario.

Los firmantes apoyaron la reforma del sistema fiscal y financiero y de la Seguridad Social, así como mayores grados de competencia en muchos sectores, con el fin de adaptar España a un modelo de economía de mercado, e impulsaron medidas para reducir el déficit de la balanza de pagos y rebajar la inflación hasta un nivel del 15 por ciento en 1978 y del 12 por ciento en 1979.

En materia de retribuciones salariales, dispusieron que el incremento de los salarios no superara al del Índice de Precios al Consumo (IPC) en 1978 y fijaron para el año siguiente una mejora salarial del 15 por ciento, superior en tres puntos a la inflación prevista.

Promovido directamente por el economista Enrique Fuentes Quintana -a quien Suárez había confiado la Vicepresidencia Segunda de su Gobierno- y cuestionado en un primer momento tanto por UGT como por la recién nacida CEOE, aquel primer gran pacto económico de la democracia española fue inmediatamente aprobado por el Congreso de los Diputados y ratificado por el Senado días después.