Países de UE tratan de limar diferencias en negociación de política pesquera

Los ministros de Pesca de la UE abordan desde hoy una serie de cambios en su posición para negociar con el Parlamento Europeo (PE) la reforma de la Política Pesquera Común (PPC), que ha entrado en su recta final, de forma que sea posible cerrarla a finales de mayo o primeros de junio.

El Consejo de ministros de Pesca empezó a debatir hoy una nueva propuesta de mandato presentada por la presidencia irlandesa de turno de la Unión Europea, que incluye algunas concesiones al PE, colegislador en esta materia.

El ministro irlandés, Simon Coveney, decidió dejar para mañana la celebración de reuniones trilaterales con los Estados miembros y la Comisión Europea (CE) para determinar hasta qué punto está dispuesto a ceder cada país, antes de presentar el documento que servirá de base para tratar de llegar a un acuerdo último con la Eurocámara.

Ese nuevo mandato de negociación del Consejo sustituirá al que los ministros acordaron en febrero, demasiado rígido para acercar posiciones con el PE.

El documento que estudian incluye matizaciones con respecto a los principales puntos que aún siembran la discordia, como el rendimiento máximo sostenible (RMS, los índices de mortalidad por pesca a niveles que permitan la recuperación de las poblaciones en 2020) o la obligatoriedad de desembarcar toda la captura y la prohibición de los descartes.

También la regionalización, los planes plurianuales, la gestión de la capacidad pesquera, los consejos consultores o las zonas protegidas.

Coveney apeló a la “responsabilidad política” del Consejo, el PE y la CE para cerrar la negociación, y ya avanzó que el último Consejo de ministros de su presidencia, que tendrá lugar en junio, estará íntegramente dedicado a la conclusión de la Reforma Agrícola Común y no a la reforma pesquera.

El ministro español de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, aseguró en su intervención ante sus homólogos que está “dispuesto a ayudar a encontrar un compromiso siempre que no coloque a España automáticamente en situaciones de imposible cumplimiento de las normas nuevas de la PPC”.

En ese contexto, recordó que España “se juega en esta reforma la actividad de 10.500 buques y más de 41.000 puestos de trabajo, en una coyuntura económica muy grave”.

En materia de RMS, apoyó que se explique mejor “en qué condiciones puede contemplarse que la mortalidad se alcance después de 2015”, y compartió la preocupación del PE por los stocks que están fuera de límites biológicos de seguridad por debajo de la biomasa de precaución.

“Si queremos ser serios en nuestro compromiso por la recuperación de las pesquerías, tenemos que incluir objetivos de biomasa en términos no vinculantes con una fecha objetivo como 2020”, indicó Arias Cañete.

En lo referente a los descartes, aseguró que España es el Estado miembro más afectado por el cambio de reglas.

Afirmó que el Ejecutivo comunitario dispone de los datos de las distintas flotas y “sabe que España se verá obligada a descartar miles de toneladas de pescado porque no dispone de cuota desde la adhesión (a la UE), y no porque a nuestros pescadores les guste hacerlo”.

“Vamos a ser el país que más va a contribuir a reducir los descartes de la flota de la UE”, indicó el ministro español, quien vio necesario introducir “reglas de equidad y flexibilidad para evitar cambios traumáticos” que pongan en peligro los empleos del sector y que cambien las reglas del juego “alterando gravemente la estabilidad relativa”.

Arias Cañete solicitó mantener el compromiso de febrero en el que España ya hizo “importantes concesiones” y que fijaba una regla de mínimis (excepción en los descartes) del 7 % de los totales admisibles de capturas (TAC) de especies sometidas a obligación de desembarco, con un calendario transitorio y “sin limitaciones adicionales por marea, que alterarían sustancialmente el efecto”.

Además, pidió mantener un 10 % de flexibilidad entre especies.

Sobre la obligación de desembarcar peces por debajo de la talla mínima en el Mediterráneo, advirtió de que ello puede generar un mercado ilegal de pescado inmaduro.

Por lo que respecta a las medidas medioambientales y las áreas marítimas protegidas, afirmó que España “no puede apoyar ninguna propuesta” que deje en manos de un Estado miembro o de la CE, fuera del procedimiento legislativo ordinario de la UE, “decisiones que afecten a la actividad pesquera de otros Estados miembros”.