Presentan 143.000 firmas ante Anticorrupción para que reabra la investigación de los CTC

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (PxNME) y Avaaz han presentado este viernes 143.000 firmas ciudadanas a la Fiscalía Anticorrupción para que reabra la investigación sobre los 3.400 millones de euros de costes de transición a la competencia (CTC) que las principales eléctricas cobraron de más entre 1998 y 2006 y cuya devolución debería haber sido reclamada por el Gobierno.

Esta denuncia trae causa de otra presentada en 2013 y que fue archivada por prescripción de la posibilidad de reclamar a las eléctricas este importe, y se basa en la publicación en varios medios de comunicación de nuevos documentos que, a juicio de los demandantes, probarían delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos tanto por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como del actual Ejecutivo 'popular'.

Y es que ninguno de los dos reclamó a las eléctricas la devolución de los 3.400 millones de euros que habían cobrado de más a los usuarios de electricidad entre 1998 y 2006, y especialmente entre 2005 y 2006, a pesar de que según los denunciantes el plazo para efectuar esa reclamación no prescribió hasta el año pasado.

Además, los denunciantes esgrimen un borrador de orden ministerial sobre cómo realizar las liquidaciones y recuperar el dinero, así como sendos informes de la Asesoría Jurídica del Estado y de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) instando al Ejecutivo a reclamar dichas cantidades.

Liquidación definitiva

El experto energético Jorge Morales de Labra ha explicado además antes de la presentación de las firmas que según la jurisprudencia de la Audiencia Nacional las liquidaciones del sector eléctrico no son firmes hasta que pasan cuatro años, y que no sería hasta ese momento cuando comenzaría el plazo de cuatro ejercicios hasta la prescripción. De esta forma, el plazo para reclamar importes de la liquidación de 2006 se alargaría hasta 2014.

Por eso, los denunciantes creen que el Gobierno podría haber reclamado la devolución del dinero hasta el año pasado, por lo que cuando presentaron su demanda inicial (sobre las puertas giratorias en el sector eléctrico) y su ampliación en relación con los CTC los presuntos delitos aún estaban en vigor.

“Todo esto lo ponemos en conocimiento de la Fiscalía por si tiene a bien reabrir la investigación. Sería muy llamativo que, con todos estos documentos demoledores sobre la necesidad de exigir la devolución, considerara que no hay caso y lo archivara. Porque alguien tuvo que tomar la decisión de no reclamar el dinero”, ha añadido Morales de Labra, que rechaza que éste sea un tema del pasado ya que aún hoy en día afecta a la competencia en el sector e impacta en los “desorbitados” precios que los españoles pagan por la energía.

“Regalo” a las eléctricas

La coordinadora estatal de la Plataforma, Cote Romero, ha criticado el “regalo” de 3.400 millones de euros realizados a varias empresas eléctricas, que a su juicio es “responsabilidad” tanto del Gobierno de Zapatero como del de Mariano Rajoy, ya que ninguno de los dos ha “hecho nada para reclamar esta tremenda deuda” que podría haber evitado recortes en muchos servicios sociales.

“Esto es la punta del iceberg. Queremos que ese dinero no quede en el olvido, sino que se devuelva a los consumidores”, ha exigido, avanzando que a las cinco denuncias que ya hay presentadas contra España ante la Comisión Europea (CE) se sumarán otras dos “en breve” por temas relacionados con la eficiencia energética y las renovables.

Por su parte, la responsable de campañas de Avaaz en España, Patricia Martín, ha exigido saber si “hubo padrinos” en este “regalo” a las eléctricas“ que constituye ”la mayor estafa“ desde el inicio de la Democracia. ”Exigimos que el Gobierno y la Fiscalía actúen de oficio para llegar hasta el fondo de este asunto“, ha apostillado.

En el acto han estado presentes, entre otros, e portavoz adjunto de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, Joan Coscubiela, Joan Baldoví, diputado de Compromís, el coportavoz de Equo Juan López de Uralde, Ramón Marcos, diputado de UPyD en la Asamblea de Madrid, la subsecretaria de Implantación de Ciudadanos, Marta Marbán, Chuse Inazio Felices, de la Chunta Aragonesista (CHA), y el secretario de Política de Podemos, Iñigo Errejón, que ha lamentado que “cada vez más” los ciudadanos tengan que exigir una cosa “de sentido común” como que “se cumpla la ley”.