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Proponen 76 medidas para prevenir la corrupción en el sector financiero

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Proponen 76 medidas para prevenir la corrupción en el sector financiero

Proponen 76 medidas para prevenir la corrupción en el sector financiero

Gravar más las operaciones con paraísos fiscales y exigir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el cumplimiento estricto de su obligación de prevenir el blanqueo de capitales son dos de las 76 medidas que Transparencia Internacional ofrece para prevenir la corrupción en el sector financiero.

El presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, ha presentado hoy un informe sobre "Propuestas de buenas prácticas y prevención de la corrupción en el sector financiero", cuya aplicación ha justificado en un sector "tan sensible" para el país y cuyo "rescate" ha costado a las arcas públicas 53.000 millones.

Para su elaboración, TI ha contado con la colaboración de un amplio conjunto de expertos y representantes de instituciones bancarias, cuerpos de seguridad, técnicos de la administración tributaria, sindicatos bancarios, entidades sin ánimo de lucro y universidades.

Recoge el documento 76 medidas para contribuir a reforzar la integridad, la transparencia y la prevención de la corrupción en las entidades financieras que operan en España.

Hay una parte "positiva", con 45 medidas, dedicada a mejorar las buenas prácticas, y otra "negativa", con 31 propuestas que tratan de atajar situaciones que puedan dar lugar a corrupción, con especial mención al blanqueo de capitales, paraísos fiscales o secreto bancario.

Por ejemplo, se plantea que la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales esté compuesta por personal técnico cualificado e independiente y no por altos cargos de la administración designados políticamente.

En cuanto a paraísos fiscales, se propone publicar información sobre inversiones y operaciones de relevancia de la entidad financiera en paraísos fiscales; que las entidades estén obligadas a identificar a sus clientes con intereses en esos territorios a requerimiento de las autoridades competentes, y que haya una supervisión reforzada a la banca y a operadores financieros españoles que actúan a través de sus filiales.

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