La Seguridad Social adjudica un servicio de mudanza por debajo de los salarios del convenio del sector
La Seguridad Social ha adjudicado un contrato para un servicio de carga y descarga que, según la Federación Española de Empresas de Mudanzas, perjudica gravemente al sector porque tira los precios por debajo de los estipulados en los convenios colectivos que les afectan. No es el único ejemplo, pero sí uno de los últimos, indican, y en este caso han decidido llevar el pliego que rigen la contratación del servicio ante la justicia. La federación considera que la Administración dificulta que las compañías de mudanzas con salarios bases acordes a su convenio sectorial accedan en igualdad de condiciones a concesiones de servicios de “carga y descarga”, esenciales en su ámbito de actividad, frente a otras empresas de paquetería y mensajería.
“Se están llevando los contratos empresas que no tienen que ver con las mudanzas”, argumenta Héctor Bedrina, asesor jurídico externo de la federación. En el caso que ha llevado la organización ante la Audiencia Nacional –en un recurso al que ha tenido acceso este medio–, la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social ha adjudicado un servicio de “carga, descarga y almacenamiento de mobiliario, enseres y material de almacén y archivo” a la empresa de transportes de mercancías Optimus Gestion Logística S.L por 227.695,50 euros. Los precios con los que concurrió la compañía, y que le permitieron hacerse con la concesión, están por debajo de los marcados en el convenio sectorial de aplicación en las empresas de mudanzas, “el del Sector de Transportes de Mercancías y Operadores de Transportes”, recuerda la federación.
En opinión de la organización, un servicio como el descrito en esta licitación “debe ser ejecutado exclusivamente por una empresa de mudanzas”, ya que consideran que son las actividades propias y definitorias de su ámbito. Comisiones Obreras recuerda que para el sector de transporte de mercancías en la Comunidad de Madrid, hay dos convenios sectoriales que pueden ser de aplicación, según el caso: “El de Transportes de Mercancías por Carretera y Operadores de Transporte y el de Logística, Paquetería y Actividades anexas al Transporte de Mercancías en la Comunidad de Madrid”, explica Luis Mercado. En ambos, más allá del único citado por las empresas de mudanzas, los salarios bases fijados son superiores a los precios de la adjudicataria Optimus Gestion Logística S.L.
Los precios por hora para un 'mozo especializado', por ejemplo, están fijados un 10,2 euros en el convenio de Transportes de Mercancías y 10,8 euros en el de Logística y Paquetería. Optimus Gestion Logística S.L. acudió a la licitación pública con una oferta de 7,80 euros/hora (sin IVA). El servicio –de ejecución entre septiembre de 2017 y noviembre de este año– se lo llevó esta compañía, “al ser la oferta más ventajosa”, según explica la Seguridad Social en un documento al que ha tenido acceso este medio. En la licitación, los criterios de adjudicación ponderaba con 90 puntos la “oferta más económica” y con 10 a “prestaciones directamente vinculadas al objeto del contrato”.
Para el puesto de conductor, los convenios sectoriales fijan un salario base de 10,2 euros/hora (Transportes de Mercancías) y de 10,8 euros/hora (Logística), mientras que la oferta de Optimus dejaba el precio en 7,80 euros.
Precios a la baja por convenios de empresa
Fuentes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social preguntadas por esta adjudicación responden que, sin entrar en este caso en concreto, la ley de contratos públicos todavía en vigor, hasta marzo, permite adjudicar de acuerdo a convenios de empresa. Estos convenios, fortalecidos gracias a la reforma laboral del Gobierno de 2012, pueden dejar caer los precios por debajo de los sectoriales. Esto permitió contrataciones de la Administración pública con empresas 'low cost', como la de seguridad Marsegur, con salarios muy por debajo de los del sector.
Este medio, ha intentado contactar con algún portavoz de Optimus Gestion Logística S. L para preguntar por su convenio de referencia, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.
En la nueva ley de contratos públicos, que entra en vigor en marzo, los costes salariales parten de los indicados por el convenio colectivo sectorial. La norma, que traspone con retraso una directiva europea, permitirá poner fin a los excesos de las empresas de bajo coste que se han beneficiado de la contratación pública en España gracias a ofertas a la baja exclusivamente basadas en criterios económicos. Desde el ministerio dirigido por Fátima Báñez indican que las licitaciones abiertas a partir del verano, ya comenzaron a adelantarse y a tener en cuenta los convenios sectoriales en “cláusulas sociales” de los pliegos.
Desde la Federación Española de Empresas de Mudanzas esperan que la Administración y la justicia reconozcan que esta situación les deja en clara desventaja por el mero hecho de respetar su convenio sectorial y piden acabar con el “intrusismo” de empresas con actividades “afines”, pero que no cumplen con los requisitos legales exigidos a las compañías de mudanzas. “Nosotros más que por precio luchamos por el sector. Si se licita la construcción de un edificio, solo pueden participar constructoras, no empresas de decoración de interiores, pues esto es igual”, afirma su asesor jurídico.
