El Supremo de EE.UU. estudiará si las empresas públicas de Puerto Rico se pueden declarar en quiebra

El Tribunal Supremo de EE.UU. se pronunciará sobre si Puerto Rico tiene potestad para permitir que sus empresas públicas se declaren en quiebra y reestructuren su deuda, que en conjunto ronda los 20.000 millones de dólares.

Así lo acordó hoy la máxima instancia judicial de EE.UU. sobre la petición presentada por el Gobierno de este Estado Libre Asociado ante su incapacidad reconocida para pagar la deuda pública acumulada por sus empresas públicas y otros órganos de la Administración, que en conjunto suman unos 72.000 millones de dólares.

“Cualquiera que haya echado un vistazo a los titulares de los últimos meses sabe que el Estado Libre Asociado está en medio de una crisis financiera que amenaza el futuro de la isla”, escribió el Gobierno en su petición, presentada el pasado julio.

En ella, solicitaba al Supremo que revisara una decisión del Tribunal de Apelaciones que previamente había revocado una ley local aprobada por el Gobierno de Puerto Rico en 2014 para dar cobertura legal a la quiebra de sus corporaciones públicas (lo que localmente se terminó conociendo como la Ley de Quiebra Criolla).

“Debido a que la decisión deja a los servicios públicos de Puerto Rico, y a los 3,5 millones de ciudadanos estadounidenses que dependen de ellos, a merced de sus acreedores, la revisión por parte de este tribunal está justificada, y ha de hacerse pronto”, se puede leer en el escrito.

El pasado julio el Tribunal de Apelaciones de Boston declaró inconstitucional la ley con la que se quería dar viabilidad a la quiebra de las empresas públicas de la isla, y ahora el Supremo ha accedido a escuchar la petición del Gobierno isleño y revisar la decisión de la citada corte.

La determinación del panel fue respecto del pleito iniciado por dos firmas de acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que demandaron a dicha entidad.

El recurso por parte del Gobierno ante el Supremo se hizo a través de una “petición de certiorari” (solicitud de revisión), en un esfuerzo porque se reconociera la constitucionalidad de la Ley 71 de 2014 para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas.

“Puerto Rico ostenta el poder de legislar en temas de quiebra de las corporaciones del Estado, toda vez que el Congreso norteamericano excluyó a la isla de la aplicación del Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal”, argumentó en su día el secretario de Justicia de la isla, César Miranda.

En su opinión, la declaración de inconstitucionalidad “deja a los puertorriqueños desprovistos de un proceso ordenado para renegociar las deudas de las corporaciones públicas”.

“La decisión del Tribunal de Apelaciones es errada, al adjudicar como válido un ejercicio irracional del Congreso al excluir a Puerto Rico de la aplicación del capítulo 9 del Código de Quiebras federal”, defendió.

Añadió que esta acción “sin fundamento alguno en el historial legislativo congresional” continúa perjudicando “muy seriamente los intereses de Puerto Rico”.

“Es arbitrario porque no existe una razón concebible para que Puerto Rico se encuentre desprovisto de un instrumento que le permita una negociación ordenada de la deuda pública”, concluyó.

Esta lucha judicial tiene lugar en paralelo a los esfuerzos que está llevando a cabo el Gobierno de Puerto Rico para lograr que Washington incluya a la isla en la Ley federal de Quiebras.