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El Supremo pregunta al fiscal cuál es el tribunal que debe investigar a Rato

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El Tribunal Supremo ha preguntado a la Fiscalía si debe ser la Audiencia Nacional o un juez de Madrid el que asuma la investigación abierta sobre el origen del patrimonio del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.

Fuentes jurídicas han informado de que la cuestión de competencia formulada por el instructor del caso, Antonio Serrano-Arnal, ha llegado ya al Alto Tribunal, que ha procedido a pedir su opinión a la Fiscalía.

Cuando el Ministerio Público emita su informe, el ponente designado, el magistrado Manuel Marchena, elaborará su propuesta, que será examinada junto con otros dos compañeros de la Sala de lo Penal del Supremo.

El pasado 2 de octubre, el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid pidió al Supremo que aclarase si debía continuar con la instrucción del "caso Rato" después de que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu volviera a rechazar asumir la investigación, tal y como le pidió la Fiscalía Anticorrupción.

La Fiscalía especial no siempre pensó así, puesto que cuando estalló el escándalo el pasado mes de abril, sostuvo incesantemente que era el juez de Madrid el que tenía que asumir las riendas de la instrucción.

Sin embargo, a medida que avanzó la investigación, cambió de criterio y consideró que había indicios de que el expresidente de Bankia había lavado dinero en el exterior, lo que justificaría la competencia de la Audiencia Nacional, aunque mantenía que no había conexión alguna con el "caso Bankia" que instruye Andreu.

Así, en el recurso que interpuso contra la negativa de este magistrado para hacerse con la causa, advertía de que la sociedad Kradonara, epicentro del entramado societario de Rato, había recibido 6,5 millones procedentes del extranjero, cuyo origen se desconoce.

En 2006, 2007, 2011 y 2014, la mercantil obtuvo directamente a través de distintas transferencias 3,4 millones, a las que hay que sumar otras por valor de 3,047 millones recibidas desde su matriz, la firma Vivaway, de la que es beneficiario último el exministro.

A su vez, Vivaway recibió 2,5 millones entre 2013 y 2014 de la sociedad panameña Wescastle Corporation, con domicilio en Ginebra, reconocida por Rato en su declaración de bienes en el extranjero, y algo más de 850.000 euros en 2012 y 2013 de la sociedad Red Rose, cuyo domicilio estaría en Bahamas.

Todo ello para que al final Kradonara acabara manteniendo la mercantil alemana Bagerpleta GmbH, cuya única actividad económica es la explotación de un hotel en Berlín, del que Rato posee un 50 %.

En esa sociedad alemana acabarían 450.000 de los 835.000 euros que Albisa, controlada por Alberto Portuondo -en prisión provisional desde mediados de agosto- transfirió a Kradonara.

Según la investigación, Portuondo hizo este pago una vez había recibido una comisión de dos millones de Zenith y Publicis a cambio de haber favorecido su contratación para la campaña de publicidad de salida a bolsa de Bankia, entidad a la que prestó servicios de asesoramiento mientras Rato fue su presidente y por los que cobró 1,8 millones más.

Además, Bagerpleta ha recibido 100.000 euros de Telefónica y otros 1,05 millones cuyo origen se desconoce, a través de Kradonara y Vivaway.

La sociedad germana ha tenido otros pagos desde Vivaway, que se financia a través de la empresa Arada con ingresos defraudados a la Hacienda Pública y que provienen del pago de asistencias de Rato a congresos y conferencias.

Toda esta maraña de operaciones cruzadas entre distintas sociedades más allá de España fue lo que llevó al juez Serrano-Arnal a inhibirse del caso en favor de la Audiencia Nacional, aunque será el Supremo el que tenga la última palabra.

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