Terminan las restricciones a los trabajadores de Bulgaria y Rumanía en la UE

Las restricciones que aún se aplicaban en algunos países de la Unión Europea a los trabajadores de Bulgaria y Rumanía dejarán de tener validez a partir de hoy, lo que permitirá a estos ciudadanos europeos desempeñar su labor profesional sin necesidad de un permiso de trabajo en cualquier Estado miembro.

Esta medida preocupa a países como el Reino Unido que teme que una oleada de recién llegados ejerza una presión excesiva sobre su sistema de beneficios sociales, un argumento que la Comisión Europea (CE) descarta absolutamente y le sirve para pedir que no se insufle miedos innecesarios a la gente.

Los nacionales de Bulgaria y Rumanía, que se sumaron al club europeo en 2007, ya podían desplazarse con libertad por toda la Unión desde esa fecha, así como establecerse y trabajar sin permiso en 19 de los 28 Estados miembros.

Sin embargo, ocho países comunitarios -Bélgica, Alemania, Francia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Austria y el Reino Unido- aplicaban restricciones al movimiento de trabajadores de estos dos países como medida temporal, mientras que España lo hacía solo para los ciudadanos rumanos.

Estas restricciones no impedían, no obstante, que búlgaros y rumanos trabajasen en esos países si gozaban de un permiso de trabajo o eran trabajadores autónomos y en muchos casos, como en Alemania y Francia, las restricciones se fueron retirando de manera progresiva.

El cambio, por tanto, a partir de hoy implica el fin de todo requisito especial: rumanos y búlgaros podrán trabajar libremente en cualquier Estado miembro de la UE bajo las mismas condiciones que los trabajadores del propio socio comunitario.

No obstante, el Gobierno de David Cameron ha tomado una serie de medidas, que también entran hoy en vigor, para limitar el régimen de beneficios sociales del que podían beneficiarse hasta ahora los ciudadanos procedentes de otro país comunitario, para en última instancia desalentar la inmigración dentro de la UE.

Ante este tipo de medidas, el comisario europeo de Empleo, László Andor, afirmó hoy en un comunicado que cree “firmemente que restringir el libre movimiento de trabajadores europeos no es la respuesta al alto desempleo o la solución para la crisis”.

El comisario considera, de hecho, que es más bien todo lo contrario, ya que facilitar la libre circulación de trabajadores puede ayudar a combatir el desempleo y equilibrar las desigualdades entre distintos países de la UE.

Diferentes estudios, por ejemplo de la OCDE y de diversos “think tanks” de Bruselas, han mostrado que la libertad de movimiento de trabajadores supone un beneficio para las economías de los países de acogida ya que, entre otras cosas, suelen contribuir con impuestos más de lo que se benefician del estado del bienestar.

Además, según datos de la CE, más de 3 millones de búlgaros y rumanos viven en otro Estado comunitario ya desde la incorporación de sus países a la Unión, y es poco probable que el levantamiento total de las restricciones vaya a suponer un nuevo incremento importante.

Bruselas sí reconoce que el momento en el que llega esta medida es delicado debido a la frágil situación económica que viven algunos países y a las elevadas tasas de paro.

España, por ejemplo, que es el segundo país de la UE tras Grecia con las tasas de desempleo más elevadas, ha sido hasta ahora junto con Italia el principal destino elegido por búlgaros y rumanos para fijar su nueva residencia.

Más de un millón de trabajadores procedentes de estos países se han desplazado a España e Italia, según datos de la oficina estadística comunitaria, Eurostat.

En este contexto, la CE reconoce que se pueden producir problemas locales relacionados con la educación, la vivienda y los servicios sociales en algunas regiones o ciudades, pero anima a que los Estados miembros hagan uso de las herramientas que tienen a su servicio como el Fondo Social Europeo (FSE) para subsanar estas dificultades locales.

A partir también de hoy cada país de la UE deberá gastar al menos el 20 % de la dotación procedente del FSE (dotado en total de 10.000 millones de euros anuales de presupuesto) para promocionar la inclusión social y luchar contra la pobreza.

La Comisión Europea ha presentado además recientemente una estrategia, que precisará en primavera, para hacer frente a los abusos que puedan producirse de los derechos de libre movimiento, así como para asegurarse de que no se produce ninguna discriminación de ciudadanos procedentes de otro Estado miembro por motivos de nacionalidad.

Bruselas hace hincapié en que para evitar situaciones extremas que puedan traducirse en problemas sociales, es importante que los Estados miembros vigilen cuestiones como que los salarios mínimos de los trabajadores se sitúan en un determinado nivel o que no son contratados en negro.