El Tribunal Supremo pide análisis independientes de la rentabilidad de las renovables

El Tribunal Supremo ha pedido dos análisis independientes a un economista y a un ingeniero industrial sobre la rentabilidad de las plantas solares fotovoltaicas tras el recorte de las horas con derecho a prima aprobado en un real decreto de 2010.

Esta petición se formula en cinco providencias que responden a sendos recursos presentados por las empresas Imedexa (en Malpartida, Cáceres), dos instalaciones incluidas en Parque Fotovoltaico Apolo II, Arroyo del Moro (la Rinconada, Sevilla), parcela 59 y 25 del polígono 17 de Albacete y C15 Huerto Solar de la Castra.

La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo acuerda pedir a un economista y a un ingeniero industrial un dictamen que verse, entre otros aspectos, sobre la rentabilidad de estas cinco instalaciones fotovoltaicas desde su puesta en funcionamiento y hasta la entrada en vigor del Decreto 14/2010.

Dicha normativa preveía reducir las horas con derecho a prima que pueden cobrar las instalaciones fotovoltaicas hasta 2013 y contempló un ahorro para el sistema eléctrico de más de 4.600 millones de euros.

Además, el Alto Tribunal también quiere la opinión de los expertos sobre la rentabilidad obtenida por dicha instalación durante los años 2011, 2012, y 2013, la repercusión en ese período de la reducción de horas equivalentes de funcionamiento o la rentabilidad previsible durante los treinta años siguientes a su puesta en funcionamiento según el citado decreto.

En sus providencias, el Supremo se dirige al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales y al Colegio Oficial de Ciencias Económicas para que elijan por sorteo a un ingeniero industrial especialista en electricidad y a un licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales que realizarán la pericial de forma conjunta y, en caso de discrepancias, deberán hacerlas constar en su dictamen.

Para los magistrados, que dejan en suspenso el plazo para dictar sentencia hasta que se emitan y ratifiquen esas periciales, los informes reclamados son imprescindibles antes de resolver el litigio planteado por las cinco empresas, que exigen indemnizaciones por el perjuicio ocasionado con la reducción de las hora prima.