La UE acuerda dar voz a los accionistas sobre la remuneración de los directivos

Los países de la Unión Europea (UE) respaldaron hoy un acuerdo sellado con el Parlamento Europeo que permitirá dar una mayor voz a los accionistas en cuestiones como las políticas de remuneración de los directivos de su compañía, que deberá ser hecha pública una vez se vote.

“Los accionistas tendrán el derecho a votar la política de remuneración de los directivos de su compañía”, explicó en un comunicado el Consejo de la Unión Europea, la institución que representa a los Estados miembros.

Las nuevas normas, que ahora serán adoptadas formalmente para entrar en vigor, revisan la directiva europea de derechos de los accionistas y pretenden que estos se impliquen más en las compañías para favorecer su rol de contrapeso a la directiva.

“La crisis financiera reveló que en muchos casos los accionistas apoyaban la excesiva asunción de riesgos a corto plazo tomada por los directivos. La revisión de la directiva busca corregir esta situación y contribuir a la sostenibilidad de las compañías”, aseguró la ministra de Justicia de Eslovaquia, Lucia Zitnanska, como país que ejerce la presidencia de turno de la UE.

Las nuevas reglas buscan que las políticas de remuneración de la compañía “contribuyan a la estrategia general del negocio, los intereses a largo plazo y la sostenibilidad de la compañía, y no esté ligada a objetivos a corto plazo”, según el Consejo.

Para ello, se analizará el trabajo hecho por los directivos, pero no solo según criterios financieros, sino también a otros más amplios como “factores apropiados medioambientales, sociales y de gobernanza”.

Además, las normas señalan que “las políticas de remuneración tendrán que hacerse públicas sin tardanza, después del voto de los accionistas en su encuentro general”.

Pero al mismo tiempo, se asegurará que las compañías son capaces de identificar a los accionistas y obtener información sobre su identidad, así como sobre cualquier intermediario que participe en su relación con la empresa.

Queda, no obstante, en manos de los Estados miembros decidir si solo se permitirá a las compañías que pidan información a los accionistas que tengan un determinado porcentaje de las acciones.

Respecto a los intermediarios, tendrán que facilitar a los accionistas el ejercicio de sus derechos en la compañía, por ejemplo dándole a tiempo la información necesaria para que los ejerza.

Las normas también incluyen provisiones para aumentar la transparencia de los inversores institucionales, los gestores de activos y los asesores de voto, así como estándares para evitar los potenciales conflictos de intereses que puedan surgir con estos.