La UE aprueba dar voz a los accionistas sobre la remuneración de directivos

Los países de la Unión Europea (UE) dieron hoy el visto bueno definitivo a las nuevas normas que darán a los accionistas de empresas cotizadas derecho a pronunciarse sobre la política de remuneración de sus directivos y obligarán a hacerla pública una vez se haya votado.

“Los accionistas tendrán el derecho a votar la política de remuneración de los directivos de su compañía”, explicó en un comunicado el Consejo de la Unión Europea, la institución que representa a los Estados miembros.

La aprobación del Consejo era el último paso pendiente para la aprobación definitiva de las nuevas normas después de que la Eurocámara diese luz verde en marzo, con lo que próximamente serán publicadas en el diario oficial de la UE y los países tendrán dos años para incluirlas en sus respectivas legislaciones nacionales.

“La crisis financiera reveló que en muchos casos los accionistas apoyaban la excesiva asunción de riesgos a corto plazo tomada por los directivos. La revisión de la directiva busca corregir esta situación y contribuir a la sostenibilidad de las compañías”, recordó el Consejo.

Las nuevas reglas tienen por objetivo que las políticas de remuneración de la compañía “contribuyan a la estrategia general del negocio, los intereses a largo plazo y la sostenibilidad de la compañía, y no esté ligada a objetivos a corto plazo”, añadió.

Para ello, se analizará el trabajo hecho por los directivos, pero no solo según criterios financieros, sino también en base a otros más amplios como “factores apropiados medioambientales, sociales y de gobernanza”.

Además, las normas señalan que “las políticas de remuneración tendrán que hacerse públicas sin tardanza, después del voto de los accionistas en su encuentro general”.

Pero al mismo tiempo, se asegurará que las compañías son capaces de identificar a los accionistas y obtener información sobre su identidad, así como sobre cualquier intermediario que participe en su relación con la empresa.

Sin embargo, los Estados acodaron que cada país puede limitar los derechos de las compañías a pedir información, de forma que solo puedan solicitarla sobre aquellos accionistas que tengan más de un cierto porcentaje de participación en la compañía.

No obstante, los Estados podrán decidir eximir de la obligación de identificarse a los accionistas que tengan hasta un 0,5 % de participación en las compañías.

Respecto a los intermediarios, tendrán que facilitar a los accionistas el ejercicio de sus derechos en la compañía, por ejemplo dándole a tiempo la información necesaria para que los ejerza.

En la actualidad, en particular en casos transfronterizos, hay varios niveles de intermediarios entre compañías e inversores y la información no siempre se comparte como debería, argumenta el Consejo.

Las normas también incluyen provisiones para aumentar la transparencia de los inversores institucionales, los gestores de activos y los asesores de voto, así como estándares para evitar los potenciales conflictos de intereses que puedan surgir con estos.

Del mismo modo, los asesores de voto, que ofrecen a sus clientes recomendaciones sobre cómo votar en las asambleas generales, tendrán que proporcionar información sobre cómo las elaboran y estarán sometidos a un código de conducta.