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La UE retrasa a 2018 el documento de información para inversores minoristas

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La UE retrasa a 2018 el documento de información para inversores minoristas

La UE retrasa a 2018 el documento de información para inversores minoristas

Los países de la Unión Europea (UE) retrasaron hoy un año, hasta 2018, la entrada en vigor de las normas que obligarán a las entidades financieras a proporcionar a los consumidores un documento comprensible sobre los riesgos asociados a productos de inversión complejos.

Inicialmente estaba previsto que estas normas comenzaran a aplicarse a partir del 31 de diciembre de este año, pero ahora entrarán en vigor el 1 de enero de 2018, después de que el Parlamento Europeo rechazara la propuesta inicialmente puesta sobre la mesa por la Comisión Europea.

"El retraso de un año permitirá definir las normas técnicas reglamentarias, dejando suficiente tiempo para que la industria se adapte a los nuevos criterios", señaló el Consejo de la UE en un comunicado.

Esto sucede después de que el Parlamento Europeo se opusiera a las normas técnicas reglamentarias adoptadas inicialmente por la Comisión.

Las normas sobre productos de inversión vinculados o basados en seguros (PRIIPS, por sus siglas en inglés) prevén la creación de un documento de información clave, de no más de tres páginas y escrito en un lenguaje comprensible, que bancos y aseguradoras tendrán que dar obligatoriamente a los consumidores que adquieran este tipo de productos complejos.

El objetivo es garantizar que los consumidores entiendan los riesgos y costes asociados a la inversión antes de decidir.

Así, se pretende evitar casos como los de las preferentes en España, en el que entidades financieras vendieron deuda perpetua a miles de clientes minoristas que, en muchos casos, no recibieron información adecuada sobre el alto riesgo de la inversión.

Estaba previsto que la medida entrase en vigor en enero de 2017, pero en septiembre el Parlamento tumbó la parte de la legislación que recoge los estándares técnicos (RTS, en inglés) que estipulan cómo elaborar el documento, conocido como KID, lo que obligó a la Comisión Europea (CE) a modificar su propuesta.

Ahora, la CE tiene un año para presentar una nueva propuesta.

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