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La UE da la razón a Berlusconi en un litigio por una marca comunitaria

EFE

Bruselas —

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El Tribunal General de la Unión Europea se pronunció hoy a favor del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi en el litigio que mantenía con el político liberal Raffaello Morelli por el registro como marca comunitaria del Partido de la Libertad.

El conflicto comenzó en 2007 cuando el Pueblo de la Libertad, partido fundado por Berlusconi, solicitó el registro ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) como el “Partido de la Libertad”.

Morelli trató de impedir dicho registró y alegó un uso anterior del dominio “partitodellaliberta.it” en la práctica comercial.

El político liberal explicó que el derecho de uso de ese nombre le fue concedido por la autoridad responsable de la asignación de nombres de dominio en Italia en 2004.

La OAMI desestimó esta posición en 2010, pero Morelli decidió recurrir.

La sala de recurso volvió a quitarle la razón en 2011 y explicó que la mera inclusión de un nombre de dominio en el correspondiente registro en Italia no puede considerarse suficiente.

Además, sostuvo que los solicitantes no habían aportado ninguna prueba del uso del nombre de dominio.

Morelli decidió llevar el litigio hasta el final y hoy el Tribunal General de la UE ha vuelto a quitarle la razón.

Los jueces de Luxemburgo reconocen que el titular de una marca puede pedir la prohibición de un registro, incluso aunque no estuviera registrada, si cumple ciertos requisitos.

Entre estas condiciones, que además son acumulativas, figura que la marca sea utilizada en la práctica comercial normal y que no tenga alcance únicamente local.

En la sentencia de hoy, el Tribunal concluye que la OAMI no incurrió en error al considerar que Morelli no había demostrado el uso en el tráfico económico del nombre de dominio 'partitodellaliberta.it “.

Recalca además que el mero registro de un nombre de dominio no puede por sí mismo constituir una prueba de un uso comercial.

Morelli aún puede recurrir esta decisión, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal de Justicia de la UE.

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