Unidos Podemos urge una ley de igualdad salarial, transparente y con sanciones

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha urgido hoy al Congreso a debatir una ley de igualdad salarial que prime la transparencia en las retribuciones de hombres y mujeres y que contemple medidas sancionadoras para las empresas incumplidoras.

Iglesias ha pedido al Gobierno que cumpla con la Constitución y no vete esta propuesta, ya que, en ese caso, el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, “se situaría fuera de la ley” al incumplir un artículo constitucional.

El líder de Podemos ha advertido a Rajoy de que la brecha salarial “es lo que rompe España”, ya que “sin igualdad económica no hay democracia completa” y ha criticado que quiera aplicar el artículo 155 de la Constitución “para suprimir la democracia en Cataluña”.

El grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado hoy esta iniciativa que deberá ser analizada por la Mesa del Congreso y valorada por el Gobierno para su posterior debate en el Congreso.

La diputada de En Marea Yolanda Díaz ha señalado que se trata de una ley que no conlleva incremento de gasto presupuestario y ha advertido de que su veto “violentaría” las normas de la Unión Europea, al tiempo que ha añadido que si es rechazado su debate presentarán un recurso directo en Bruselas.

La proposición de ley incluye cambios en el Estatuto de los Trabajadores, en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), en la Ley General de la Seguridad Social, o en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Precisamente, en materia de sanciones favorece la posibilidad de demandar y establece una presunción de discriminación indirecta si la diferencia en la retribución abonada a las trabajadoras por la empresa supera en 20 puntos el abonado a los trabajadores.

El empresario se puede liberar de responsabilidad si acredita una adecuada valoración de los puestos de trabajo y en el caso de condena tendrá que equiparar la retribución sin que sea a la baja.

Además establece como infracción grave no entregar puntualmente al trabajador el recibo de salarios o el modelo de recibo de salarios pactado.

También incentiva al empresario, mediante bonificaciones en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, a disminuir la brecha salarial.

El centro de toda la norma es luchar contra la incorrecta valoración de los puestos de trabajo y la infravaloración de las laborales realizadas por las mujeres, señala la iniciativa.

La principal medida es dar transparencia en la información que remiten las empresas a los trabajadores sobre las retribuciones, clarificando los conceptos salariales y mostrando el salario medio desglosado por sexo de su plantilla.

El empresario debería someterse a auditorías salariales y crear un registro del horario laboral para que quede constancia de las horas extraordinarias realizadas con el fin de que se retribuyan adecuadamente y tengan repercusión en la carrera profesional del trabajador a efectos de pensiones.

Amparo Ballester, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Valencia, que ha participado en la elaboración de la ley, ha señalado que la igualdad salarial debe estar vinculada a los convenios en todas empresas, también en las de multiservicios y en las subcontratas.

Por su parte, el inspector de Trabajo y Seguridad Social y profesor de la Universidad de Valencia Héctor Illueca ha incidido durante la presentación de la ley en el reforzamiento del aparato sancionador.

“Hay que reprochar conductas incumplidoras y la opacidad que existe en materia salarial y para ello se incorporan nuevos tipos infractores y sancionadores”, ha dicho tras explicar que se crearían por ley unidades especiales de inspección de trabajo en materia de igualdad de género en cada inspección de trabajo provincial.

La proposición de ley obliga a adoptar planes de igualdad a las empresas de más de 250 trabajadores y medidas relativas a la correcta valoración de los puestos de trabajo para garantizar una retribución igual por trabajos de igual valor.

También adopta medidas para evitar que puedan producirse consecuencias negativas en los derechos y expectativas profesionales, así como en la cuantía de las prestaciones de seguridad social de quienes soliciten la reducción de jornada por cuidado de hijos o personas dependientes.

En el ámbito de la función pública se incorpora la obligación de que en los informes de evaluación de desempeño se refieran expresamente las eventuales discriminaciones indirectas retributivas que pudieran existir, entre otros aspectos.