Verdades y mentiras sobre la congelación de las pensiones y los salarios por falta de Gobierno
La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría aseguró ayer que un retraso en la formación de Gobierno que impidiera elaborar las cuentas públicas de 2017 supondría una prórroga de los presupuestos de 2016. A su vez, según la vicepresidenta, esto implicaría una congelación de los sueldos públicos y de las pensiones. ¿Es esto cierto? ¿Dependen de la formación de Gobierno los ingresos de millones españoles? ¿Un nuevo Gobierno alejaría este peligro?
¿Si no hay Gobierno nos quedamos sin presupuesto?
No, lo que sucede es que se prorroga el presupuesto del año anterior. En el caso del Gobierno central pasó recientemente cuando José Luis Rodríguez Zapatero convocó elecciones sin dejar unas cuentas para 2012. En ese momento, el PP no tuvo ninguna prisa por estar en el Gobierno con un presupuesto en funciones y esperó a que pasaran las elecciones autonómicas para elaborar las cuentas públicas, que se empezaron a tramitar en abril.
Esta situación, que no es idónea en ningún caso, ha sido recurrente en varias comunidades autónomas en los últimos años ante la falta de acuerdos en los nuevos y multicolores arcos parlamentarios.
¿Qué supone prorrogar un presupuesto?
Supone que se repiten las mismas partidas de gastos y de ingresos que en los emitidos por Mariano Rajoy el pasado verano. Al repetirse las premisas se puede hablar de congelación, ya que no se actualizan partidas con la inflación o con decicisiones ejecutivas de aumento o de recorte de gasto.
Cabe recordar que España está registrando una evolución negativa de los precios, así que no hay una pérdida de poder adquisitivo por no actualizar el IPC. Además, los pagos más acuciantes se pueden atender en Consejo de Ministros por estar regulados por ley, como el pago de la deuda, en caso de que no hubiera suficiente dinero. Las pensiones y las prestaciones por desempleo son automáticas.
La acción de Gobierno decaería porque no habría nuevos programas y, sobre todo, no se podrían tomar medidas para mejorar los ingresos, uno de los principales problemas que tiene ahora mismo el Estado, sobre todo en la parte de la Seguridad Social. La inversión real sería también uno de los elementos que más sufriría la congelación.
Del nuevo Gobierno solo depende la revalorización
Las pensiones y los salarios públicos se pagan por ley. No dependen de la decisión de los Gobiernos efectuar estos pagos. Son pagos automatizados. Si ha de entrar en juego la acción ejecutiva es para cambiar los salarios de un año para otro, tanto al alza como a la baja. En definitiva, los salarios y las pensiones se seguirían pagando pero con las mismas referencias que las previstas para el año 2016.
Entonces, ¿como no llegan a acuerdos me van a congelar las pensiones?
Con acuerdo, también. La última reforma de las pensiones, que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy, introdujo el índice de revalorización de las pensiones. En la práctica se trata de una fórmula que, teniendo en cuenta ciertas variables, calcula cuál debe ser la subida de las pensiones del año próximo. Esas variables son, por ejemplo, el estado de las cuentas de la Seguridad Social, la esperanza de vida o la afiliación a la Seguridad Social. El factor tiene suelo y techo: las pensiones pueden subir como máximo el IPC más un 0,5% y como mínimo deben subir un 0,25%. Es decir, la ley ya establece que las pensiones deben aumentar, como poco, ese 0,25%. Dado el estado de las cuentas de la Seguridad Social, aunque hubiera unos presupuestos para 2017 es casi imposible que la fórmula arrojara una subida mayor a ese 0,25%.
¿Y los salarios públicos?
Los salarios públicos sufrieron una fuerte pérdida adquisitiva en el principio de la crisis, acrecentada por la eliminación de la paga extra. Este año han logrado una subida del 1%, la primera desde 2010. Sin embargo, aún con un nuevo Gobierno con plenas competencias, la subida de sus salarios para el próximo ejercicio parece muy complicada. Con una previsión de inflación negativa y con la Comisión Europea exigiendo un recorte de 10.000 millones de euros, los funcionarios van a tener muy difícil lograr una mejora de sus nóminas. Vamos, que la congelación es más que posible con un nuevo Gobierno.
Lo que también peligra con un nuevo presupuesto es la convocatoria de nuevas plazas públicas. Las plantillas públicas se han quedado diezmadas por años de no reposición de jubilaciones y bajas. En este 2016 se ha empezado a animar la oferta de empleo público, con la consiguiente subida de la masa salarial. En aras de la famosa austeridad, será una de las primeras partidas sacrificadas en 2017.
Pero dicen que si hay Gobierno ya no se congelará nada
El 30 de septiembre el Consejo de Ministros tiene que haber aprobado las cuentas públicas de 2017, según marca la ley que como vemos no se cumplió en 2011. Lo cierto es que los ministerios están muy acostumbrados a hacer este proyecto que está ritualizado. La parte que sería necesario ajustar es la de la acción política, es decir, la de introducir los ajustes y recortes que exige Bruselas para el año que viene.
Así las cosas, el Gobierno que entre, si es del PP presumiblemente, optará por meter la tijera. Aún no se sabe cuánto porque Bruselas no se ha mojado todavía en elaborar la nueva senda fiscal para 2016 y 2017, ante el desbarajuste de las cuentas públicas y del Gobierno en funciones. El próximo 27 de julio es fácil que haya ya alguna pista a este respecto, cuando se conozca el resultado del proceso de la multa a España por exceso de déficit.
Entonces, si hay Gobierno pronto, no solo tendrá que meter un tajo al presupuesto de 2017 sino que también lo tendrá que hacer al de 2016, aunque en ese caso parece que todo el ajuste se cargará del lado del Impuesto de Sociedades (o eso dice el Ejecutivo).
Una vez saneado, o más bien, hecho el gesto de ajuste para 2016, el Gobierno entrante tendrá que acomodar la nueva cifra de déficit para 2017. Y ojalá en muchos casos sea solo de congelación.
