Un cambio legal permite a Villar Mir evitar un pleito de ocho millones por secar una cascada con permiso de Fraga

La batalla la ganaron los abogados del exministro Juan Miguel Villar Mir en la prórroga de un proceso judicial que se estiró durante cinco años. El mismo día que iba a celebrarse la vista en la que se acusaba a un ex alto cargo de la Xunta que presidía Manuel Fraga en 2001 por permitir secar una catarata natural en la Costa da Morte y a las empresas del exministro de lucrarse con esa decisión, los letrados de Villar Mir esgrimieron que el delito medioambiental que se perseguía estaba prescrito. El batallón de juristas del empresario logró anular el caso invocando un cambio de criterio del Tribunal Constitucional respecto a la caducidad de los delitos.

La historia de cómo se arruinó durante más de una década uno de los principales atractivos de la Costa da Morte venía de lejos.

Hace 17 años y de un día para otro, la impresionante cascada de Ézaro en Dumbría (A Coruña), de las pocas en Europa que desembocaba directamente en el mar, dejó de verter agua por decreto administrativo. El Gobierno que presidía Manuel Fraga vio más útil que el caudal del río se utilizase para que una presa de su amigo el exministro Juan Miguel Villar Mir produjese más energía.

Corrían aquellos tiempos en los que el Partido Popular nadaba en la abundancia de sus mayorías absolutísimas en Galicia y pocos se atrevieron a discutir la decisión adoptada el 22 de marzo de 2001 que firmó un director general de aquella Xunta, Francisco Pan-Mantojo, hoy alejado de la política pero al frente de una consultora medioambiental. La orden gubernamental dejó en suspenso el caudal ecológico del río. En castellano raso, el Xallas que siempre había desembocado en el mar, pasaba a morir en la central hidroeléctrica que Ferroatlántica –del grupo Villar Mir– explotaba un kilómetro antes de la desembocadura. De la presa para abajo, el cauce yacía seco o con una cantidad mínima de agua. Salvo algunos días del año. Porque la solución que arbitró el Gobierno de Fraga fue pactar con la adjudicataria de la presa que la cascada luciese caudalosa un par de horas en fines de semana y festivos. Y así, en unas cuantas fechas señaladas –había fijado un calendario que primaba la temporada alta– un empleado de Ferroatlántica presionaba un botón, la catarata volvía a caer al mar y los turistas aplaudían el espectáculo.

Inauguración de la cascada

Que aquellos fueron años de realismo mágico en Galicia lo demuestra la inauguración oficial de la cascada que llegó a celebrarse a los pies del río con Fraga y Villar Mir como maestros de ceremonias y pinchos para los asistentes. A partir de ese primer domingo se sucedieron los recuentos periódicos de visitantes.

El informe que Ferroatlántica presentó a la Xunta para justificar que el río Xallas no precisaba en su desembocadura un caudal mínimo tiene fecha de 3 de agosto de 2000 y algunos párrafos irrepetibles. En su página 18 la empresa defiende las bondades de la catarata turística. Lo que sigue es la transcripción literal de uno de los argumentos del documento oficial presentado por la empresa de Villar Mir y que el Gobierno gallego avaló: “Al establecerse de una forma fija la ocurrencia de la cascada, esta puede ser observada por un mayor número de espectadores, que son los que al fin y al cabo definen el paisaje. Ferrroatlántica, en su permanente actitud de considerar y atender en todo lo razonablemente posible las preocupaciones sociales de la zona, está procediendo en la actualidad a la suelta de agua siguiendo una consideraciones:

Y así se tramitaron los permisos para la primera cascada intermitente de la historia que solo recuperó su aspecto original en 2011 gracias a que un grupo de ecologistas, la asociación Ríos con Vida, decidió poner el asunto en manos de los jueces.

Cuando recibió el escrito de Ríos con Vida, el fiscal responsable de Medio Ambiente en Galicia, Álvaro García Ortiz, no tardó en presentar denuncia contra el alto cargo de la Xunta Pan-Montojo, al que acusó durante el invierno de 2011 de delito medioambiental por obviar la Lei de Pesca Fluvial de Galicia, que obliga a los saltos hidroeléctricos a “respetar el caudal ecológico necesario para facilitar el normal desarrollo de las poblaciones piscícolas”. Su escrito –que incluyó entonces informes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil– llamó la atención sobre un cambio en la tramitación administrativa efectuado en los despachos de la Administración Fraga. En el primero de los documentos que se presentaron como declaración de impacto ambiental, fechado el 22 de julio de 2000 –la autorización la había solicitado Ferroatlántica en 1999– el Gobierno autonómico obligaba a la empresa de Villar Mir a liberar 2,23 metros cúbicos de agua por segundo y a preservar, por tanto, la vida del río aguas abajo de la presa. Pero en un segundo trámite, la misma dirección general de la Xunta modificó la declaración nueve meses más tarde atendiendo a los deseos de la empresa y prescindió del caudal ecológico para sustituirlo por una extraña figura sin encaje legal: el llamado “caudal turístico”. O lo que es lo mismo: la apertura de la presa un par de horas a la semana como espectáculo.

La Xunta ordenó en 2011 restaurar el caudal

La instrucción que ha llevado a cabo un juzgado de Santiago de Compostela hizo aflorar abundante documentación interna durante el lustro que duró el proceso. Y desveló un informe firmado por el Gobierno gallego en 2007, entonces presidido por el socialista Emilio Pérez Touriño, que calificaba de ilegal el permiso concedido por la Xunta de Fraga en 2001. Así las cosas, en 2011, otro Gobierno del PP, esta vez presidido por Alberto Núñez Feijóo, obligó a Ferroatlántica “por imperativo legal” a devolver a la catarata el 10% de su agua natural. Pero el pleito siguió su curso en el juzgado y la fiscalía además de acusar al exdirector general Francisco Pan-Montojo de un delito medioambiental y de pedir para él un año y medio de cárcel, atribuyó a la empresa de Villar Mir la condición de partícipe a título lucrativo y la acusó de embolsarse gracias al secado del río 6,4 millones de euros. En su escrito el ministerio público pidió a Ferroatlántica un aval por 8,5 millones, que salían de sumar a los beneficios obtenidos durante aquella década los intereses de todo este tiempo.

El juicio iba a celebrarse por fin a principios de enero. Pero el ejército de abogados del grupo Villar Mir se presentó en la vista con una sorpresa de última hora. Invocó un cambio en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, según la cual, los presuntos delitos cometidos en marzo de 2001 estarían prescritos. El criterio del Constitucional explicitado en varias sentencias recientes pasa a considerar que la mera denuncia de la fiscalía no interrumpe el plazo de caducidad de los delitos sino que es necesario que el juez la admita a trámite. Si entre una y otra decisión los delitos caducan, el caso deberá ser invalidado, argumenta el Constitucional en varias respuestas a recursos de amparo.

A la vista de esas resoluciones, el propio fiscal del caso, Álvaro García Ortiz, se vio obligado a desistir de la causa e informó a favor de su archivo en un escrito fechado el pasado 17 de enero. El final estaba cantado y el juez acabó cerrando definitivamente el caso hace unas semanas. Secar una cascada natural y hacer desaparecer uno de los principales atractivos de la Costa da Morte durante una década entera –y lucrarse con ello– ha salido gratis.