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Los accionistas de Nuclenor deciden mañana el futuro de Garoña

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Los accionistas de Nuclenor deciden mañana el futuro de Garoña

Los accionistas de Nuclenor deciden mañana el futuro de Garoña

Nuclenor, la empresa propietaria de la central nuclear de Santa María de Garoña en Burgos, analizará mañana en una junta extraordinaria de accionistas el futuro de la planta, pendiente de la decisión del Gobierno tras el informe favorable condicionado del Consejo de Seguridad Nuclear.

Fuentes próximas a Nuclenor, participada a partes iguales por las eléctricas Endesa e Iberdrola, han explicado a Efe que en la reunión se analizará la posible petición de desistimiento de actividad ante lo que la sociedad considera una situación económica inviable.

La petición de la reunión del consejo de administración y junta de accionistas partió de Iberdrola, cuyo presidente, Ignacio Sánchez Galán, ya se ha posicionado a favor del cierre de la planta por la alta inversión que requeriría su reapertura, tras desengancharse de la red eléctrica y parar el reactor en diciembre de 2012.

El pasado 31 de marzo, el directivo pidió a su socia Endesa en la junta de accionistas que Iberdrola celebró en Bilbao que "desista" en la petición al Gobierno para reabrir la instalación.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha emitido un informe favorable para que la central pueda reanudar su actividad y ahora el Ejecutivo tiene hasta principios de agosto para tomar su decisión.

Un informe negativo del CSN habría sido vinculante, pero el informe positivo deja la decisión última en manos del Gobierno, que ya ha comunicado que tomará su decisión tras escuchar a las partes implicadas.

Fuentes de Ecologistas en Acción insisten en que las eléctricas propietarias de Garoña intentan retrasar su cierre definitivo sólo para asegurar el retraso del cierre del resto de las plantas nucleares españolas.

Nuclenor decidió parar el reactor de Garoña en 2012 argumentando que las nuevas cargas fiscales decididas por el Gobierno no se podían asumir, aunque después solicitó una prórroga de 17 años, hasta cumplir los 60, lo que convertiría a la planta en la primera de Europa en contar con una autorización hasta llegar a esa antigüedad.

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