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Sentencia de las tarjetas black

La Audiencia Nacional condena a cuatro años de cárcel a Rodrigo Rato y a seis a Miguel Blesa

Rodrigo Rato y Miguel Blesa, en el banquillo de los acusados del juicio de las tarjetas 'black' / Chema Moya \ EFE

Belén Carreño

Una sentencia de 259 folios. Así concluye el juicio por las tarjetas black con penas de cárcel para dos de los principales banqueros de la historia de España. La Audiencia Nacional ha condenado al ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa a 6 años de prisión y al ex presidente de Bankia, exdirector gerente del FMI y exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato a 4 años y 6 meses de prisión, tal y como solicitaba el fiscal Alejandro Luzón.

A los dos se les considera autores del delito de apropiación indebida y al resto de los 62 condenados colaboradores. En el caso del ex director general de medios, Ildefonso Sánchez Barcoj, el tribunal le considera colaborador y tambien cómplice de la mecánica desarrollada y se le condena a dos años y seis meses.

El caso de las tarjetas black nació a raíz de una investigación de eldiario.es. Este medio descubrió un correo electrónico dentro de la cobertura periodística de Los Correos de Blesa, que llegó gracias una fuente derivada por el Partido X, que revelaba como el secretario del consejo de Caja Madrid informaba de la existencia de estas tarjetas. El correo puso en marcha una auditoría de Bankia que desembocó en la investigación judicial y finalmente en esta sentecia que se ha conocido hoy.

Los condenados representan lo más granado del establishment económico español de la época. Además del vicepresidente del Gobierno de Aznar, se condena a dos secretarios de Estado de la época (Rodríguez-Ponga y Norniella), al presidente de la patronal estatal (Gerardo Díaz Ferrán), al conocido empresario Madrileño Arturo Fernández, al líder sindical de CCOO Rodolfo Benito (con tres de prisión) o al examigo del Rey Felipe (también conocido como compiyogui) Javier López Madrid. Pena de cárcel tiene el histórico de Izquierda Unida, José Antonio Moral Santín, con cuatro años.

A la mayor parte de los acusados se les aplica el atenuante de haber devuelto el dinero. Aunque la Fiscalía pidió que no se les aplicara a los que habían hecho una consignación judicial (y no habían devuelto el dinero a Bankia) finalmente se les ha aplicado un atenuante “simple” y para el resto “muy cualificada”. No se les aplica el atenuante a Blesa y a Rato que además tendrán que devolver los 12 millones de euros.

La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional se remonta en su sentencia al año 1988, para explicar que durante la presidencia ejecutiva de Jaime Terceiro al frente de Caja Madrid se acordó “dignificar las retribuciones de los consejeros a través de una tarjeta Visa que vendría a complementar las dietas que ya recibían”. En 1995, con la incorporación de nuevos consejeros se especificó que esas tarjetas eran solo para gastos de representación.

La sentencia relata cómo Miguel Blesa recibió dos tarjetas de crédito, una de empresa para gastos de representación, y otra también corporativa que se atribuyó a sí mismo, “al margen de sus retribuciones convenidas contractualmente, para dedicarla a atenciones netamente personales, en detrimento, con el uso que le dio del caudal de Caja Madrid”. Y él, como presidente, “propició” que a los miembros del Consejo de Administración y a los integrantes de la Comisión de Control, se les facilitase una tarjeta Visa de empresa contra la que disponer sin justificación del gasto, “viabilizando así una percepción dineraria que acrecentaba a la dieta, no obstante constarle que la única autorizada contra el patrimonio de Caja Madrid lo constituía ésta última”.

Hechos probados

Los “hechos probados” describen la operativa dirigida por Blesa y después por Rato y que fue llevada a cabo por el entonces Director General de Medios, Sánchez Barcoj. Según el Tribunal, él comunicaba los nombres de los usuarios, los límites operativos mensuales y anuales, autorizaba las ampliaciones de esos límites y de los que dispondrían de código PIN y por esta razón el tribunal le considera no solo colaborador de un delito continuado de apropiación indebida sino también “cómplice de la mecánica descrita”, y de “contener bajo su control y al margen del conocimiento de terceros distintos de los usuarios de las tarjetas de las que disfrutaban los miembros de los dos órganos de gobierno además de sus presidentes, al igual que en la etapa de Bankia, que se mantuvieron el empleo de aquellas, dando de este modo cobertura a la merma del caudal de la entidad por la atención a los intereses lucrativos de sus beneficiarios”.

La llegada de Rodrigo Rato al frente de Bankia en el año 2010 continuó con el proceder anterior. Según la sentencia, cuando le informaron de las tarjetas “mantuvo la misma dinámica en todos los aspectos ya expuestos, atribuyéndose una sin amparo en su paquete retributivo, evidenciando además por las condiciones de uso, lo que no le impidió el empleo que le dio contra el caudal de la entidad, el detrimento del mismo, junto al que sabía que se originaba con las que seguía operativas de la etapa de su predecesor en el cargo”.

Los jueces creen que con esta práctica se compensaban las limitaciones legales a los sueldos que se habían fijado por ley en aquel año en el que se había comenzado el saneamiento del sector financiero. Tanto a Rato como a Blesa el tribunal les considera actores en tanto que ostentaban “el dominio del hecho” y ellos mismos podían haber acordado “ el reverso de la decisión adoptada” es decir, suprimir esa operativa. A los demás acusados se les considera colaboradores, porque “contribuyeron todos ellos a la merma del caudal de la entidad bancaria”.

Las condenas una a una

Cuatro años para José Antonio Moral Santín (IU).

Tres años y dos meses: Francisco Baquero (CCOO), Estanislao Rodríguez-Ponga (secretario de Estado de Hacienda) y Antonio Romero (PSOE).

Tres años y dos meses Francisco José Moure (PP) y Jorge Gómez (PSOE).

Tres años José María de la Riva (PP), Rodolfo Benito (CCOO) y Gonzalo Martín Pascual (UGT).

Dos años y seis meses para Rubén Cruz (IU), Antonio Rey (CCOO), Antonio Cámara (PP y en su día secretario personal de José María Aznar), Javier de Miguel (PP), Ángel Eugenio Gómez del Pulgar (PSOE), Francisco José Pérez Fernández (PSOE), Miguel Abejón (UGT).

Dos años: Juan José Azcona (CCOO), Gerardo Díaz Ferrán (CEOE). A la misma pena ha sido sentenciado el director general de Caja Madrid, Ildefonso Sánchez Barcoj, que también está inhabilitado para ejercer la actividad bancaria durante el tiempo de condena. Pablo Abejas (PP), Ricardo Morado Iglesias, Ramón Ferraz. Mariano Pérez Claver, Enrique de la Torre (el secretario del consejo que estaba en el correo original), Juan Manuel Astorqui (director de comunicación), Carmen Contreras, Carlos Vela, Rafael Spottorno (ex Jefe de la Casa Real), Ramón Martínez Vilches, A María Enedina Álvarez Gayol (PSOE), José Ricardo Martínez (UGT).

Un año y ocho meses para María Carmen Cafranga (PP), Juan Gómez Castañeda (IU) y Cándido Cerón (PP).

Un año y seis meses José María Arteta (PSOE), Mercedes Rojo (PP, secretaria de Esperanza Aguirre), Carlos Martínez Martínez, Santiago Javier Sánchez Carlos (PSOE), Manuel José Rodríguez González (PP).

Un año y tres meses para Pedro Bedia (CCOO).

Un año y dos meses Fernando Serrano (PP), Alejandro Couceiro (CEIM), Rafael Eduardo Torres Posada (UGT).

Un año para Darío Fernández (PP), José Manuel Fernández Norniella (exsecretario de Estado de Turismo), Ricardo Romero de Tejada (PP), Ramón Espinar (PSOE), Alberto Recarte (que llegó a ser presidente de Libertad Digital pero iba como consejero por el PP), Jesús Pedroche (PP), Ignacio de Navasqüés (Confederación de cuadros profesionales un sindicato conservador) y Luis Blasco (PP). José Acosta Cubero (PSOE). También un año para el directivo Matías Amat Roca. Gabriel María Moreno Flores (CCOO).

Luis Gabarda (el director de gabinete de Blesa) tiene una pena de un año de prisión.

Ocho meses para Beltrán Gutiérrez Moliner (PP), José María Buenaventura (PP); Virgilio Zapatero (ex ministro socialista con Felipe González)

Seis meses para Arturo Fernández el empresario y Javier López Madrid el examigo del Rey Felipe.

Cuatro meses para Juan Emilio Iranzo (economista ligado a CEOE y al PP), Miguel Corsini Freese (PP).

Tres meses para Jorge Rábago (PP).

CORRECCIÓN: Durante unos minutos de la publicación de esta información algunas penas de condenados no aparecían correctamente.

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