La corte de arbitraje españolas se unirán para convertirse en referencia

España aspira a convertirse en una referencia mundial de los arbitrajes internacionales tras el acuerdo firmado hoy para avanzar en la integración de las actividades arbitrales de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA), la Cámara de Comercio de España y la Cámara de Comercio de Madrid.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha presidido la firma del documento, donde ha señalado que la futura corte, con sede en Madrid, tiene la vocación de ser una referencia tanto en el ámbito europeo como en el latinoamericano para competir “con las primeras del mundo”.

De hecho, Catalá ha apuntado que este es un “buen momento” para crear la corte ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ya que Londres ha sido una sede tradicional del arbitraje.

Además, contar con una Corte de arbitraje de referencia “genera oportunidades a muchos sectores económicos”, aunque ha reconocido que la legislación actual podría mejorarse para hacer “más eficaces los laudos” y que “España se convierta en un centro atractivo para la celebración de arbitrajes internacionales”.

También contribuirá a “seguir haciendo de España un país atractivo” a la inversión, ya que una corte de referencia refuerza la seguridad jurídica y genera confianza a las empresas.

Catalá ha señalado que este proyecto fortalece las instituciones y la cultura de solución de conflictos, al tiempo que contribuye a descargar el sistema judicial.

Asimismo, ha agradecido la “generosidad” y el “esfuerzo” para superar las diferencias y singularidades de las diferentes instituciones que ahora se unen.

Los presidentes de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA), Juan Serrada; la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, y la Cámara de Comercio de Madrid, Juan López-Belmonte, han firmado hoy el memorando de entendimiento para la creación de una corte de arbitraje unificada.

Este acuerdo prevé la creación de una comisión que establezca las bases del proyecto a lo largo de los próximos tres meses y permite la incorporación de otros organismos de arbitraje a la iniciativa con el objetivo de integrar todas las actividades y que dejen de competir entre sí.

El nicho de negocio fundamental del futuro organismo serán los conflictos relacionados con Latinoamérica y sus principios básicos serán la autonomía, la independencia y la transparencia.

La intención de los organismos es dar un servicio de calidad a un coste competitivo sin olvidar las pymes, que suponen la mayor parte del tejido empresarial español.