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Las comunidades autónomas instan a la UE a garantizar la política de cohesión tras el "brexit"

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Las comunidades autónomas instan a la UE a garantizar la política de cohesión tras el "brexit"

Las comunidades autónomas instan a la UE a garantizar la política de cohesión tras el "brexit"

Las Comunidades Autónomas españolas llamaron hoy a la Unión Europea (UE) a garantizar el futuro de la política de cohesión después de la salida del Reino Unido, una partida que podría verse reducida una vez el presupuesto europeo deje de contar con la aportación británica.

En un documento de posición común de las CCAA frente al "brexit", presentado hoy en Bruselas, piden una "especial atención" a las regiones europeas que se verán afectadas con la posible reducción de los fondos europeos en materia de cohesión.

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, el de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, y la representante de la delegación de Castilla la Mancha en el Comité Europeo de las Regiones y coordinadora de la posición común, Virginia Marco, entregaron las nueve páginas que resumen el frente común de las CCAA al presidente del (CdR), Markku Markkula.

En este documento, se recuerda a las instituciones europeas la necesidad de que políticas comunes, como la agrícola, energética, la de cohesión o de investigación, mantengan unas "asignaciones suficientes" en el próximo marco financiero plurianual, en el que ya no se contará con la aportación británica.

La política de cohesión supone aproximadamente un tercio del presupuesto de la UE, del que España recibe un total de 37.400 millones de euros.

Sumados a la contribución nacional de 15.880 millones de euros, constituyen una partida de 53.280 millones de euros que, según datos de la Comisión Europea, se destinan a la inserción juvenil en el mercado laboral y la mejora del acceso de las pymes a la financiación, entre otras prioridades sociales y de empleo.

En relación al presupuesto previsto para el periodo entre 2014 y 2020, las regiones españolas respaldan la posición de las instituciones europeas a la hora de pedir al Reino Unido que "cumpla con los compromisos financieros contraídos" antes del referéndum del 23 de junio de 2016.

De esta forma, señalan, la retirada británica de los Veintiocho tendrá "la menor incidencia posible" en el marco financiero plurianual.

El documento aboga también por adoptar "medidas específicas para paliar las consecuencias negativas" del divorcio británico en las regiones que tienen una fuerte interdependencia económica con el Reino Unido, como la situación de Gibraltar y sus trabajadores transfronterizos.

En este aspecto, el presidente de La Rioja pidió que su región sea una de las beneficiarias de esas medidas de alivio, ya que el Reino Unido es el principal importador de vinos riojanos.

La posición común de las CCAA detalla además los sectores económicos en los que España se verá más afectada por el "brexit", como el turismo o la agricultura.

"Es previsible que, al contraerse la economía británica como consecuencia del 'brexit', con la ulterior devaluación de la libra, el turismo se vea afectado en términos de número de visitantes y gasto total", alerta el documento, tras recordar que el Reino Unido es el principal emisor de turistas extranjeros en España.

En cuanto a la agricultura, las regiones españolas sostienen que los cambios a largo plazo en el marco regulatorio serán "un reto relevante" para la estabilidad del sector y subrayaron la importancia de que Reino Unido mantenga la protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas europeas.

La salvaguardia de estas categorías permitirá, según sostienen, mantener una agricultura y una ganadería "basadas en un modelo de producción de calidad".

Pese a tratarse de una posición común que cuenta con aportaciones y recomendaciones de todas las Comunidades Autónomas, Cataluña ha sido la única comunidad autónoma en no suscribir el texto final.

Fuentes de la delegación de Castilla la Mancha, que coordina la elaboración del documento, precisaron que Cataluña les había hecho saber que no firmaría el documento desde el principio, si bien ha participado en el debate, realizado aportaciones y consensuado su publicación.

"Estiman que no es el momento para suscribir este documento porque tampoco tienen una posición clara por parte del Govern", señalaron las mismas fuentes.

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