La crisis del Canal entra en su etapa final sin que se vislumbre un acuerdo

Las negociaciones entre la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el consorcio que desarrolla la ampliación de la vía están en una etapa definitoria que puede culminar el próximo 1 de febrero, sin que, al menos de momento, se vislumbre un acuerdo que impida la suspensión temporal de las obras.

La génesis del conflicto son “sobrecostos” superiores a los 1.600 millones de dólares que, afirma el consorcio GUPC, liderado por la española Sacyr y la italiana Impregilo, lo dejaron sin liquidez para continuar el proyecto, uno de los más importantes de ingeniería del mundo.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) no reconoce los supuestos costes extraordinarios por considerarlos injustificados, y exige que un arbitraje internacional previsto en el contrato decida sobre el asunto.

Las negociaciones iniciadas el pasado día 7 probablemente se extiendan hasta mediados de la próxima semana, afirmó el jueves el presidente el Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Roberto Roy, que no quiso ahondar en la materia.

Al mismo tiempo, el Grupo Unidos por el Canal (GUPC) anunció en un comunicado que un protocolo de negociación acordado por las partes prevé mantener conversaciones en principio hasta el 1 de febrero próximo.

Una eventual suspensión de las obras después de esa fecha es el mayor temor en Panamá, aunque el administrador de la ACP, Jorge Quijano, ha dicho que se intentaría reanudarlas en el menor tiempo posible, incluso en 15 días, para evitar un retraso que impida que el canal ampliado comience a operar después del 2015.

El tercer juego de esclusas, que permitirán el paso de barcos con hasta 12.600 contenedores, el triple de lo actual, debía estar listo en octubre de este año, pero ya antes del actual conflicto el consorcio anunció un retraso de nueve meses, hasta julio de 2015.

Lo que está ahora en discusión es una propuesta de la firma internacional Zurich, garante del proyecto de diseño y construcción del tercer juego de esclusas que se adjudicó en licitación el GUPC en el 2009, por su oferta de 3.118 millones de dólares, inferior a los 3.481 puestos como precio máximo por el Canal.

La aseguradora entró en las negociaciones esta semana y presentó, en una maratoniana reunión tripartita celebrada el martes, una propuesta que, según dijo Quijano, podría dar una solución “a largo plazo” al conflicto.

Nada oficial ha trascendido en Panamá sobre los términos de la propuesta de Zurich, pero la prensa local especula con una cifra redonda de 850 millones de dólares para inyectar liquidez al proyecto, que hasta ahora ha avanzado cerca de un 70 %.

Zurich otorgaría 400 millones de dólares de la fianza que pasaría a ser un préstamo al GUPC, que por su parte aportaría 100 millones de dólares, mientras que la ACP sacaría en total 350 millones en adelantos de pago garantizados mediante cartas de crédito.

La ACP ha dicho que ha desembolsado al consorcio un total 2.831 millones de dólares, 784 en anticipos reembolsables, además de al menos 160 millones en costos adicionales.

Según la prensa panameña, la propuesta de Zurich fue en principio bien vista por el consorcio, pero el pasado martes en la tarde, tras una pausa de la reunión tripartita, los contratistas aparentemente dieron marcha atrás.

Ninguna de las partes ha confirmado ni negado esa versión en Panamá, aunque su difusión coincidió con un pedido de la Comisión Europea (CE) al consorcio de hacer un “especial esfuerzo” en resolver el conflicto.

Así se expresó el pasado jueves el vicepresidente de la CE, Antonio Tajani, cuya mediación fue solicitada por las empresas europeas que integran el consorcio, lo que fue de inmediato descartado por la Autoridad del Canal con el argumento de que el contrato no prevé la intervención de terceros.

La participación de la aseguradora en las conversaciones ha sido enmarcada por Quijano dentro del plan B de la ACP, que incluye una eventual toma del proyecto para finalizarlo ella misma con subcontratistas.

Para echar mano de ese último recurso, la Autoridad del Canal cuenta con acceso hasta 1.500 millones de dólares, según Quijano, quien ya ha conversado con contratistas distintos al GUPC.

El canciller panameño, Fernando Núñez Fábrega, dijo esta semana que la ACP ya tiene ofertas de algunas de las empresas que en 2009 participaron en la licitación del proyecto y “tienen la capacidad de concluir la obra”, sin revelar un nombre.

Pero lo más conveniente por temas de costos y tiempo es que el GUPC siga adelante con el proyecto, ha reconocido la ACP.

Mientras las partes se reúnen “prácticamente a diario” en busca de una solución, según Roy, las obras de ampliación mantienen más de un 90 % de paralización, afirmó esta semana la ministra panameña de Trabajo, Alma Cortés.

En un comunicado, Cortés aseveró que 2.627 trabajadores de varias fases y áreas del proyecto han sido despedidos desde noviembre pasado, una cifra que apoyan los sindicatos.

Quijano dijo el martes que las obras no han sido suspendidas pero que la bajada en el ritmo de trabajos supera el 70 %, en comparación con noviembre, y que eso es una causal para rescindir el contrato.

El consorcio no se ha referido a la merma de los trabajos ni a los despidos señalados por las autoridades y sindicatos, aunque en una carta de preaviso de suspensión emitida en diciembre pasado aseguraba que las obras continuarían “con normalidad”.