El desempleo de larga duración deja al 57 por ciento de los parados lusos sin subsidio

Son cerca de 470.000, pero la cifra sigue aumentando a diario. La crisis que atraviesa Portugal ha cortado de raíz las ofertas de trabajo y ha disparado el numero de desempleados de larga duración que han agotado su derecho a cobrar el paro.

En Portugal, que tiene 10,5 millones de habitantes, 5,5 en edad de trabajar, el segundo trimestre del año acabó con 827.000 desempleados oficiales, de los que el 57 % no recibe subsidio, según se desprende del cruce de datos entre la Seguridad Social y el Instituto Nacional de Estadística. Y las previsiones auguran un futuro a corto plazo todavía peor.

Los cierres de empresas y las reestructuraciones de plantilla son un goteo que no cesa en el país, donde se ha disparado la tasa de desempleo hasta el 15 %, tres puntos porcentuales más que hace un año. Es decir, 152.000 personas a la calle.

Detrás de esta situación, calificada por la oposición de izquierda y organizaciones no gubernamentales como de “emergencia social”, se esconde la historia de miles de portugueses, muchos de ellos con hijos y familiares a su cargo, que se ven abocados a la emigración o a actividades económicas “en negro”.

La pérdida del subsidio ha incrementado exponencialmente las peticiones de apoyo a entidades como la católica Cáritas, desde donde subrayan el carácter básico de muchas de estas solicitudes.

“Nos piden ayuda para poder pagar la renta de la casa, ya sea la hipoteca al banco o el alquiler al dueño; para cubrir los gastos de luz, agua y gas; e incluso para comprar medicamentos y costear los gastos de transporte hasta el centro de salud”, revela Domingos de Sousa, tesorero de la institución.

Además del desempleo, los draconianos ajustes aprobados por el Gobierno conservador luso para cumplir con el acuerdo firmado con la UE y el FMI a cambio de su rescate financiero han afectado el día a día de los portugueses, que afrontan la subida generalizada de impuestos y la reducción del gasto público.

De Sousa insta al Ejecutivo a implementar las reformas necesarias “pero de forma ponderada para no crear más dramas sociales”, y considera que el país -con un salario medio de 17.000 euros anuales- se encuentra “al límite del esfuerzo que puede soportar”.

“Se está llegando a un punto en que hay casos de personas que retiran de la residencia a ancianos y enfermos y los trasladan a sus casas debido a que su pensión comienza a ser necesaria para la supervivencia de la familia”, afirma.

Pero hay más ejemplos, y más graves. “Hay niños que pasan hambre y que reciben en la escuela su única comida caliente del día”, reconoce De Sousa.

“Es humillante para una persona como yo, a mis 34 años, no conseguir trabajo, ni estable, ni precario y tener que pedirle ayuda a mis padres”. Así se expresa Ana Rajado, portuguesa, licenciada en Geografía y dedicada infructuosamente a la búsqueda de un empleo desde hace dos años. Hace ya meses que no recibe ningún subsidio.

De su misma edad, muchos han decidido emigrar. Ella, por el contrario, defiende el derecho a quedarse en su país, donde ha sido una de las principales impulsoras del llamado Movimiento Sin Empleo, que pretende dar apoyo a toda esa legión de desempleados “para que no se encierren en casa y vean que no están solos”.

Ana es una más de quienes han recurrido a la economía sumergida para salir adelante, impartiendo clases particulares. Pero por todo el país proliferan los carteles colocados en las esquinas ofreciendo trabajos de electricidad, carpintería o limpiezas a domicilio. Otros fabrican pasteles en casa y los venden a pie de calle.

Buen ejemplo también se encuentra a diario en el estuario del río Tajo, en Lisboa, donde centenares de personas acuden, cubo y pala en mano, a coger almejas de forma irregular arriesgándose a una multa superior a 600 euros.

La llamada economía paralela representaba en Portugal el 25 % de su PIB en 2010 (unos 40.000 millones de euros), aunque expertos lusos ya prevén que siga al alza, al igual que el desempleo.

En Portugal, los parados tienen derecho a un máximo de 18 meses de subsidio por desempleo y hasta 9 meses más de subsidio social (que supone el 65 % de la prestación), dependiendo de los años trabajados.

Oscar Tomasi