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Un año después del cierre de Spanair los empleados siguen sin indemnizar

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Un año después del cierre de Spanair los empleados siguen sin indemnizar

Un año después del cierre de Spanair los empleados siguen sin indemnizar

Un año después del cierre de Spanair, que dejó a miles de pasajeros en tierra y acabó con el sueño de hacer del aeropuerto de El Prat un hub intercontinental, los trabajadores están pendientes de cobrar sus indemnizaciones y el proceso concursal sigue abierto.

La empresa anunció repentinamente, el 27 de enero de 2012, que cesaba sus operaciones dejando a miles de pasajeros en tierra, en total más de 250.000 afectados, y puso fin a la aspiración de que una aerolínea de capital catalán hiciese de El Prat un "hub", un aeropuerto de conexiones con una importante presencia de vuelos intercontinentales.

Un año después del cierre de Spanair los 2.604 trabajadores que se quedaron en la calle siguen pendientes de cobrar los 40 millones de euros que le reclaman al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en concepto de indemnizaciones y algunos de ellos han podido recolocarse en otras compañías, varias del sector, según fuentes del sindicato USOC.

El proceso concursal en el que entró la compañía poco después del cese de sus operaciones se tramita en el juzgado mercantil número 10 de Barcelona y fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) han explicado a Efe que durante este tiempo se han podido vender alguno de los activos de Spanair, como los derechos de emisión de CO2.

El juzgado tramita ahora las impugnaciones de los créditos calificados en el informe, que ascendieron a 24 pese a los 3.000 acreedores que hay en la causa y, cuando estén resultas, se abrirá la fase de liquidación de la compañía, que podría estar resuelta para el verano.

El informe provisional de la administración concursal apunta que la aerolínea tiene una deuda de 508,6 millones y créditos por 78,8 millones, mientras que sus activos están valorados en 53,8 millones.

El portavoz de la Asociación de Afectados por el Cese de Operaciones de Spanair (ACOS), Cándido Conde-Pumpido Varela, ha explicado a Efe que la mayoría de los viajeros que pagaron con tarjeta sus billetes de avión han podido recuperar su dinero a través de las entidades financieras.

Están pendientes de recuperar su dinero unos 30.000 viajeros que se tuvieron que presentar como acreedores al concurso y el portavoz de ACOS solo ve una vía para que puedan cobrar: intentar que se declare la "culpabilidad por parte del consejo de administración en el concurso" y que las entidades que formaban parte del mismo hagan frente al conjunto de las deudas de los acreedores.

El 27 de enero de 2012 la compañía anunció la suspensión de operaciones a partir de esa misma noche, decisión que fue justificada por su presidente, Ferran Soriano, hoy director ejecutivo del Manchester City, por "prudencia y seguridad" tras fracasar los intentos de encontrar un socio que aportase capital y la determinación de la Generalitat de poner fin a sus inversiones en la compañía.

En 2009, Iniciatives Empresariales Aeronáuticas (IEASA), participada por empresarios e instituciones catalanas, compró el 80,1 % de Spanair a la compañía escandinava SAS por el precio simbólico de un euro y con el objetivo de hacer de El Prat un hub que dotase al aeropuerto de Barcelona de conexiones intercontinentales.

Turismo de Barcelona, Fira de Barcelona, Catalana de Iniciatives, Avança y Cimalsa, participadas en diferente medida por la Generalitat y el ayuntamiento de Barcelona, formaron parte del accionariado de la aerolínea, junto con la sociedad Volcat, en la que estaban la asociación Femcat o el RACC, además de un colectivo de pilotos, personal y directivos.

La dificultad de encontrar un socio que aportase capital fue suplida por un continuo goteo de aportación de fondos públicos en un momento en que los recortes de la Generalitat provocaban protestas ciudadanas.

El gobierno catalán reconoció que destinó 135,5 millones de euros a Spanair que, junto con la aportación del ayuntamiento de Barcelona, hicieron que el dinero público invertido en la aerolínea en unos 150 millones de euros, y ya en su día explicaron que sería "difícil de recuperar".

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