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Los ecologistas presionan para que la UE avance en la reforma pesquera

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Varias organizaciones ecologistas anunciaron hoy una acción conjunta en defensa de la reforma de la Política Pesquera Común (PPC), asunto que los ministros europeos del ramo abordarán a partir del próximo lunes para tratar de acercar posturas con el Parlamento Europeo (PE).

Las ONG -entre las que figuran Greenpeace, WWF, Oceana o Birdlife- tienen previsto escenificar su apoyo a una reforma "ambiciosa" plantando la réplica de un barco pesquero ante la sede del Consejo de la UE, donde estarán reunidos los ministros.

Según indicó Greenpeace en un comunicado, "la reticencia de algunos países, incluidos Francia, España y Polonia, a buscar puntos en común con el Parlamento en puntos clave de la reforma amenaza con provocar el colapso de las negociaciones".

Los ministros de Pesca de los Veintisiete intentarán el lunes y el martes acercar su postura común a la que mantiene la Eurocámara.

La discusión girará en torno a una nueva propuesta de compromiso presentada por la presidencia de turno irlandesa, que debería reemplazar al mandato que el Consejo aprobó en febrero para afrontar las negociaciones con el Parlamento Europeo y la Comisión Europea sobre la reforma.

Las conversaciones a tres bandas celebradas hasta ahora han puesto de manifiesto la necesidad de retocar ese mandato para tratar de acercar posturas con la reforma pesquera que quieren los eurodiputados, con poder de colegislador, según han indicado fuentes europeas.

Si los ministros llegan el lunes a un acuerdo sobre ese documento lo presentarán a la Eurocámara posiblemente el día 17, buscando su respaldo para finales de mayo o principios de junio, con lo que el reglamento base de la nueva PPC podría quedar aprobado.

El asunto más complejo sobre el que discrepan Consejo y Parlamento es el de la obligación de descargar todas las capturas, así como la flexibilidad y adaptación para que la flota europea cumpla con el ambicioso objetivo de eliminar los descartes.

El PE propone un 0 % de "regla de minimis" (la aceptación de una cantidad limitada de descartes), mientras que la propuesta de la Presidencia rebaja el 7 % que quería el Consejo al 5 %, a través de un periodo transitorio.

Las ONGs reclaman al Consejo medidas para terminar con la sobrepesca a partir de 2015 y permitir la recuperación de los caladeros, para lo que piden una reducción de las capacidades de pesca, sanciones financieras para los países que incumplan las normas y la eliminación de puntos que a su juicio debilitan la propuesta de prohibir los descartes.

"Un fracaso en las negociaciones sólo satisfaría los intereses a corto plazo de los países que quieren evitar nuevas medidas para acabar con la sobrepesca, recuperar las poblaciones de peces y reconstruir un sector pesquero sostenible", señaló hoy Greenpeace en su comunicado.

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