Cuatro exdirectivos de CCM declaran como imputados en la Audiencia Nacional

Cuatro exdirectivos de la desaparecida Caja Castilla La Mancha (CCM) declaran hoy como imputados ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que les citó a petición del fiscal por haber aprobado “una serie de operaciones singulares” que habrían derivado en perjuicio patrimonial para la entidad.

Federico Andrés Rodríguez Morata, Tomás Martín-Peñato Alonso, Florencio Fernández Gutiérrez y José María Fresneda Fresneda, todos ellos antiguos miembros de la Comisión Ejecutiva de CCM, comparecerán ante el magistrado a partir de las 10:00 horas.

Un día después lo harán los también exmiembros de ese organismo Emilio Sanz Sánchez y Carlos Jiménez Morante, así como el secretario de la misma, José Fernando Sánchez Bódalo.

En un auto notificado el pasado 15 de octubre, Ruz recordaba que, hasta ahora, solo uno de los integrantes de la Ejecutiva, el expresidente de la caja Juan Pedro Hernández Moltó, ha prestado declaración como imputado, por lo que procede interrogar a quienes “de igual manera que el primero habrían participado en la toma de decisiones” que supuestamente perjudicaron a la entidad.

Un informe pericial del Banco de España cifra el agujero patrimonial de la caja en 267 millones de euros.

El pasado mes de enero, el juez pidió a CCM las actas de las reuniones de la Comisión Ejecutiva de la entidad previas a la aprobación de préstamos por un total de 253,8 millones en distintas operaciones con sociedades como Inmobiliaria Colonial, Renovalia, Kopan Cartera, T-Solar Global y Grupo Lábaro que, según el supervisor, eran “contrarias a la normativa bancaria y mercantil”.

También está imputado en la causa el ex director general de CCM Ildefonso Ortega, acusado como Hernández Moltó de los presuntos delitos de administración desleal, estafa, falsedad contable y falsificación en documento mercantil, entre otros; mientras que a los exdirectivos que declaran esta semana se les atribuye un delito societario.

La investigación sobre las supuestas irregularidades en la caja se inició en 2010 a raíz de una querella presentada por seis representantes del PP que formaban parte de la asamblea general de CCM antes de que la entidad fuera absorbida por Cajastur, hoy integrada en Liberbank.

La caja castellanomanchega fue la primera entidad española en ser intervenida después de que en marzo de 2009 el Consejo de Ministros aprobara una inyección de fondos públicos de 9.000 millones de euros.