Los exdirectivos de Caja Segovia declaran en el juzgado por las prejubilaciones

Los que fueran presidente y vicepresidente de Caja Segovia, Atilano Soto (PP) y Manuel Agudíez (PSOE), respectivamente, han declarado hoy ante el Juzgado número 2 y Mercantil de Segovia por la supuesta concesión de prejubilaciones millonarias a varios directivos de la entidad.

Con este testimonio, que se ha prolongado durante toda la mañana, el titular del juzgado, Jesús Marina Reig, ha comenzado una ronda de declaraciones que afectan a los miembros del comité de retribuciones de Caja Segovia.

Mientras que la defensa subraya que no existe delito de administración desleal, la acusación particular, ejercida por Unión Progreso y Democracia (UPyD), sostiene que ocho directivos cobraron 34,1 millones con el consentimiento del consejo de administración.

A las diez de la mañana comenzaba la declaración de Atilano Soto, quien ha permanecido en la sala durante más de dos horas, para dar paso, en torno a las 12.30 horas, a Agudíez, que ha acabado la declaración rompiendo a llorar por el daño moral que le está causando esta denuncia, según los abogados.

El abogado de la defensa, Luis Rodríguez Ramos, ha insistido a los periodistas en que “no hay absolutamente nada desde el punto de vista penal y, decir que puede haber administración fraudulenta del artículo 295 del Código Penal, viendo la jurisprudencia del Supremo, es una hipótesis absolutamente insostenible”.

Por su parte, el abogado Andrés Herzog, responsable de regeneración democrática del Consejo de Dirección de UPyD, que ejerce la acusación particular junto a la Confederación Intersindical de Cajas, ha lamentado que ninguno de los dos imputados haya querido responder a sus preguntas.

De ahí que, en su opinión, las acusaciones no hayan tenido oportunidad de plantear muchas cuestiones, “como viajes, si había tarjetas de crédito opacas y otras posibles prebendas, lo que ha sido una pena”, ha matizado.

Herzog ha insistido en que los ocho directivos, “sabiendo que se les acababa el chollo”, por el desembarco de Caja Segovia en Bankia, “en vez de velar por los intereses de la entidad, lo hicieron por los suyos personales, otorgándose cantidades estratosféricas y fuera de lugar para una caja que ha perdido todo y con una fundación al borde de la quiebra”.

La teoría que sostiene la acusación es que los directivos trataban bien al consejo de administración para que, a su vez, aprobaran pensiones, organizándoles viajes por Europa “para que aprobaran cosas y no hicieran demasiadas preguntas”, ha opinado.

Mañana y pasado continuarán prestando declaración los miembros de la comisión de retribuciones Elena García Gil, así como el exdirector y el exsecretario de la entidad Manuel Escribano y Antonio Tapia, respectivamente.

Sobre el resto de declaraciones solicitadas por el fiscal, que afectan a todo el consejo de administración, no serán acordadas por el juez hasta que no se lleven a cabo las de los miembros de la comisión de retribuciones.