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El expresidente de la CAM deposita en la Audiencia Nacional una relación de bienes de cara a la fianza

El expresidente de Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Modesto Crespo ha presentado ante el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional una relación de sus bienes en respuesta a la fianza de casi 26 millones de euros impuesta por el juez Javier Gómez Bermúdez a los imputados en la causa que investiga las irregularidades en la gestión de la caja, han informado a Europa Press en fuentes jurídicas.

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La relación, que incluye tres inmuebles, dos plazas de aparcamiento y acciones, alcanza un valor efectivo total de 5,5 millones de euros. Todos los bienes declarados, son anteriores al periodo en que Crespo ejerció la presidencia de la CAM, han indicado las mismas fuentes.

Crespo es uno de los cinco exdirectivos imputados en la causa y el único que declinó recurrir la fianza de 25,8 millones de euros impuesta por Gómez Bermúdez a petición de la acusación particular del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Así, el exdirector general de la CAM Roberto López Abad, el exdirector general de Recursos Vicente Soriano Terol, la exdirectora general, María Dolores Amorós y el exdirector de Planificación y Control Teófilo Sogorb, se encuentran a la espera de que el magistrado instructor confirme la imposición de esta medida cautelar, impuesta en previsión de una futura condena que supondría a la antigua cúpula de la CAM la obligación de hacer frente a la responsabilidad civil por los daños económicos generados a la caja.

Gómez Bermúdez ya había ordenado retirar el pasaporte a Amorós y López Abad e impuso a ambos comparecencias cada 15 días en los juzgados más próximos a su domicilio. Las medidas impuestas apuntaban a la apreciación por parte de Gómez Bermúdez de un evidente riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.

En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell --que se la adjudicó por un euro-- comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.

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