La justicia neozelandesa libera parte de los fondos de Dotcom para pagar su defensa

El Tribunal Superior de Nueva Zelanda permitió a Kim Dotcom, requerido por Estados Unidos por supuesta piratería informática, acceder a parte del dinero que se le congeló en 2012 para pagar sus gastos legales.

“Una juez neozelandesa acaba de salvar mi vida y la de mis hijos”, expresó Dotcom en un mensaje de Twitter tras conocer la decisión.

El mes pasado, Dotcom compareció ante la juez Patricia Cortney del Tribunal Superior para recuperar parte de su dinero congelado para y así poder pagar sus gastos legales, que calcula en unos 2,9 millones de dólares (2,7 millones de euros).

Ron Mansfield, abogado de Dotcom, indicó que un documento de la juez ordena que Dotcom pueda disponer de unos 517.555 dólares (487.773 euros) para cubrir sus gastos legales, aunque esto no suponga que sus representantes legales reciban el total del monto, informó hoy el portal neozelandés de noticias “Stuff”.

Mansfield también pidió en días previos a otro tribunal aplazar nuevamente el proceso de extradición de Dotcom, que en esta oportunidad está fijado para el 2 de junio próximo, aunque el letrado considera que podría estar listo para octubre de este año.

Los bienes del empresario están sujetos a una orden de restricción extranjera desde que fuera detenido en enero de 2012 en la mansión que alquilaba en Auckland, como parte de un vasto operativo organizado por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) estadounidense, que derivó en detenciones en Nueva Zelanda y Europa.

También se cerró Megaupload, se le confiscaron sus bienes y congelaron de sus cuentas bancarias, lo que marcó el inicio de un complicado proceso legal en Nueva Zelanda.

Como parte de este “megacaso”, el estonio Andrus Nomm, programador del portal de Dotcom y uno de los siete miembros de Megaupload, fue condenado el mes pasado en EE.UU. a poco más de un año de cárcel tras admitir su participación en la violación de los derechos de autores.

Estados Unidos atribuye a Megaupload haber provocado pérdidas por importe de más de 500 millones de dólares a la industria del cine y de la música al transgredir los derechos de autor de compañías y obtener con ello unos beneficios de 175 millones de dólares.